La población en España ha aumentado en un año en 957.085 personas y desde 2002, primer año de vigencia del actual sistema de financiación autonómica, la población ha crecido en 4.319.928 personas, para totalizar los 46.157. 822, según los datos aprobados por el Gobierno en el último Consejo de Ministros y correspondientes al 1 de enero de 2008, hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A estas cifras deberá ajustarse el nuevo sistema de financiación autonómica que el Gobierno se dispone a anunciar hoy, en cuanto al crecimiento de la población como variable principal para ajustar el dinero que deben percibir las comunidades autónomas.
Por segmentos de población, el contingente mayor es el de inscritos de 16 a 44 años, (plena edad laboral), que supone una población de 20,1 millones de personas, es decir, el 43,8 por ciento de la población total. De éstos, los españoles son 16,8 millones y los extranjeros representan 3,3 millones. El segundo contingente se encuentra entre 45 y 64 años (también en edad laboral): son 11,1 millones de personas, de las que 10,3 millones son españoles y el resto, extranjeros.
Los contingentes que requieren mayor atención en educación y sanidad corresponden a los mayores de 65 años, que suponen 7,63 millones de personas (el 16 por ciento de la población total), de los que 7,37 millones son españoles. El sector de menor población corresponde al de menores de 16 años, 7,06 millones de personas (el 15,3 por ciento de la población), de los que 6,2 millones son españoles y 781.000, extranjeros.
Relevantes para la financiación autonómica
Estos segmentos de población también cobran especial importancia para establecer el sistema de financiación autonómica porque, según los planes del Gobierno, los dos últimos grupos de población requieren los mayores esfuerzos presupuestarios en las tres variables de carácter social que considera el vigente sistema y que mantiene el que propone el Gobierno, que son la sanidad pública, la educación y la dependencia a la población impedida.
El Ejecutivo, atendiendo a la demanda de algunas de las comunidades autónomas, considera también el elemento de la dispersión poblacional, por lo que, junto a los datos por edades mencionados con anterioridad, habrá que añadir los padrones municipales de todas las localidades por provincias y comunidades autónomas para extraer los criterios procedentes.
Criterio de población
Según los datos del INE, la comunidad autónoma con mayor población es Andalucía, con 8,20 millones de personas y un crecimiento interanual del 1,7 por ciento. Sigue Cataluña, con 7,36 millones y un aumento del 2,1 por ciento. A continuación se sitúa Madrid, con 6,27 millones de población, con una tasa de crecimiento del 3,12 por ciento en un año.
La cuarta entidad autónoma por población es la Comunidad Valenciana que cuanta con 5,02 millones de personas, con un aumento anual del 2,9 por ciento. Más alejada se sitúa Galicia, con 2,78 millones de población y con el crecimiento anual más modesto, de sólo el 0,4 por ciento. (Ver cuadro adjunto).
En cifras relativas, la tasa más elevada de crecimiento poblacional en el último año ha correspondido a las Islas Baleares, con el 4,09 por ciento, seguida de Castilla-La Mancha, que creció el 3,33 por ciento. Sin embargo, en cifras absolutas, la autonomía con mayor crecimiento ha sido Madrid, con un aumento de 189.949 personas y, a continuación, Cataluña, con un incremento de 153.570 personas, la Comunidad Valenciana, con 144.572 personas y Andalucía con 142. 759 más de población.
El impacto de la inmigración
La población en España ha crecido en diez años en 5,955 millones. De ellas, el 86 por ciento, 5,220 millones son extranjeros y el 14 por ciento, 735.085 son españoles, según los datos aportados por el último avance de población aprobado por el Gobierno.
Durante 2007, la población creció en 957.085 personas, de las que 701.023 fueron extranjeros, lo que representa que 73,2 por ciento del aumento total.
Desde que se puso en marcha el sistema de financiación vigente, el número de inmigrantes ha aumentado en 3,24 millones de personas, que representan el 75 por ciento del aumento total de la población.
La población inmigrantes es sujeto, como la española, de las atenciones de carácter general del sistema de cobertura, tanto en la educación gratuita (con mayor proporción en la escuela pública que el colectivo nacional), la sanidad pública, de la que usa en un porcentaje también más elevado que la población española y, con menor incidencia todavía, en las prestaciones de la Ley de Dependencia, en la que, sin embargo, hay una gran bolsa de empleo no legalizada en su totalidad.
Las cifras oficiales de población aprobadas por el Ejecutivo pueden representar algunas variaciones respecto a las del Padrón. El Instituto Nacional de Estadística realiza lo que se denomina técnicamente explotación estadística del Padrón, aprovechando diversas variables del mismo. El INE eleva al Gobierno para su aprobación las cifras oficiales de población.