La Audiencia Nacional ha avalado la decisión de la juez Carmen Lamela de trocear y repartir entre los juzgados de este tribunal la causa abierta a 5 exdirigentes etarras por un delito de lesa humanidad, al entender que con ello se evita el "caos procesal" que conllevaría una única causa por diferentes hechos.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal adopta esta decisión en un auto en el que rechaza el recurso de la Fundación Daniel Portero contra la resolución por la que la juez Lamela acordó remitir testimonio de la causa por lesa humanidad a los otros cinco jueces de instrucción, para que cada uno decidiera si seguía o no con este procedimiento con respecto a los atentados instruidos por ellos.
Para la Sala, la intención de la juez con esa resolución era evitar "el cierto caos procesal que podría conllevar el conocimiento de una única causa de diferentes hechos con apariencia delictiva de índole terrorista, cometidos en momentos distintos y por personas diferentes".
Recuerdan además que, cuando fueron acordadas estas inhibiciones, la causa se encontraba "en su fase primaria", ya que aún no se había tomado declaración ni a los procesados ni a los testigos, y solo se habían recibido informes policiales.
La juez troceó la causa a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado noviembre, al entender que no existe "ningún nexo de conexidad" entre los atentados a los que afecta este procedimiento que permita "su conocimiento en una causa única".
Lamela, que tomó posesión recientemente del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional en sustitución del juez Juan Pablo González, que fue quien abrió esta causa, consideró además que esta decisión evitará "un retraso injustificado en la instrucción" de esta causa, que fue abierta a raíz de la admisión de una querella de Dignidad y Justicia, argumento que también refrenda la Sala.
El troceo de la causa se produjo tras conocerse que uno de los procesados, Aitor Elizarán, que cumplía pena en Francia, fue expulsado del país galo tras cumplir condena y fue puesto en libertad, pese a existir este procedimiento.
Al comunicarle la Guardia Civil a Lamela esta circunstancia, la juez pidió un informe a la Fiscalía, y ésta quiso que se remitiera la causa a los juzgados afectados por los atentados que se investigaban en relación con el delito de lesa humanidad.
Ahora los juzgados correspondientes deberán resolver si, en lo que a ellos respecta, continúan o no con este procedimiento en el que están procesados cinco exjefes de ETA: José Antonio Urruticoetxea, Josu Ternera; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel Carrera Sarobe, Ata; Ángel Iriondo Yarza, Gurbitz; y Aitor Elizarán Aguilar, todos ellos como máximos responsables de los asesinatos cometidos por la banda terrorista desde el 1 octubre de 2004, cuando entró en vigor en España el delito de lesa humanidad.
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