El Partido Popular, que gobierna en Chiclana con el apoyo de IU, PSA y PA, ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz un conjunto de actuaciones supuestamente irregulares cometidas por los dos últimos alcaldes socialistas del ayuntamiento chiclanero -Manuel Jiménez Barrios (actual secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía) y José María Román (hoy portavoz municipal socialista)- y varios ediles de Urbanismo y Hacienda, en total siete cargos, en relación al archivo de expedientes urbanísticos.
Las actuaciones denunciadas por el PP corresponden al período comprendido entre 2003 y 2006, según ha explicado el secretario general del PP gaditano, Daniel Nieto. El PP reclamó hoy la disolución de la agrupación local del PSOE y estimó en 100 millones de euros la cantidad que ha dejado de ingresar el consistorio de Chiclana ante esta presunta dejación de funciones.
"Caos urbanístico"
La información hoy aportada a la fiscalía, según Nieto, es resultado de una resolución de un tribunal de Justicia "porque había sido sistemáticamente negada al grupo municipal popular" que nunca obtuvo dato alguno por parte del PSOE acerca de la tramitación de expedientes urbanísticos: "Fueron los gobiernos del PSOE los principales impulsores del caos urbanístico en Chiclana". La denuncia del PP, por prevaricación por omisión, ha sido interpuesta, además de contra los dos últimos alcaldes socialistas, contra concejales del PSOE que ejercieron responsabilidades en los departamentos de Urbanismo y Hacienda: Juan Jesús Jiménez Martín (hoy viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía) y Joaquin Muriano (actual edil del PSOE), así como contra Manuela Moreno (también concejala del PSOE).
100 millones menos
Según los datos aportados por el PP, en el período de gobierno local socialista 2003-2006 se llegaron a incoar 1.717 expedientes urbanísticos sancionadores, "pero se ordenaron al cobro 15 y se cobraron 10, ésa era la situación urbanística de Chiclana... La realidad urbanística es que se podía hacer cualquier cosa", asegura Daniel Nieto, quien comparó el caso de Chiclana con el de Estepona "donde no se tramitaron 1.500 expedientes urbanísticos, muchos menos". El secretario general del PP de Cádiz afirmó que, a la luz de los datos obtenidos, "estaríamos ante un escándalo político por una presunta prevaricación por omisión y donde estimamos que el ayuntamiento habría dejado de ingresar en torno a cien millones de euros. Las treinta mil viviendas ilegales son consecuencia de este práctica perversa en la disciplina urbanística de Chiclana".
El Partido Popular adelantó ayer que ya ha comenzado a recabar información de otro período de gobierno socialista, de 1991 a 2002, para comprobar si entonces también se dejaron de instruir expedientes urbanísticos. "El PSOE sabía que dando la información que el PP pedía se iba a poner de manifiesto cual era la responsabilidad del propio PSOE y del gobierno local en la política urbanística de Chiclana, que iba a tener consecuencias políticas y jurídicas e intentó evitarlo por todos los medios".
Daniel Nieto adelantó que en los próximos días se plantearán iniciativas ante el Parlamento de Andalucía, mostrando su sospecha de que la Junta de Andalucía pudo "amparar por omisión" una situación escandalosa que ha perjudicado la imagen y la economía de Chiclana. En el PP andaluz creen, de entrada y en este caso denunciado, que la Fiscalía tendría argumentos "más que suficientes" para actuar. Los populares sopesan denunciar además, al menos otro caso más, al parecer con importantes repercusiones en una entidad de crédito local.
El origen
Teresa Ruiz-Sillero, parlamentaria andaluza del PP y edil de Chiclana, explicó por su parte que la denuncia tiene su origen en el archivo del expediente abierto en su tiempo a un edil, actual secretario de organización del PSOE de Chiclana, José Luis Ruiz Piñero "que se remonta a 1998, cuando amplió una tercera planta en su vivienda".
El PP presentó una denuncia -"la punta del iceberg"- el pasado 10 de julio asegurando la parlamentaria y edil Ruiz-Sillero que "se le abrió un expediente sancionador, se le ordenó la demolición y se le impuso una sanción económica, pero el concejal de urbanismo, Juan Luis Belizón y el entonces alcalde, Manuel Jiménez Barrios, archivaron el expediente". Ruiz-Sillero explicó que la información que ha dado origen a la denuncia hoy presentada la obtuvo tras una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitida en 2007, pero no llegó a manos de la edil hasta febrero de 2008.
"Lo grave de todo es haber archivado de manera sistemática los expedientes sancionadores. Hay una clara responsabilidad económica de quienes gobernaban Chiclana, un grave perjuicio contable que debería motivar la intervención del Tribunal de Cuentas", afirmó Ruiz-Sillero, "se habrían dejado de ingresar unos 100 millones de euros o incluso más, dinero que podía haberse destinado en mejorar los servicios e infraestructuras de la ciudad". Ruiz Sillero explicó que en el mandato anterior se incoaron, concretamente, 399 expedientes en 2003, 428 en 2004, 435 en 2005 y 455 en 2006.
Urbanismo sin control
Chiclana sufre los perjuicios, desde hace más de veinticinco años -período en el que ha estado gobernada por el PSOE sin interrupción- de uno de los mayores casos de urbanismo sin control, con al menos 35.000 viviendas sin licencia y apenas infraestructuras, diseminadas por todo el término municipal.
El municipio, además, ha registrado varias decisiones judiciales que han afectado a su planeamiento municipal, al Plan General de Ordenación Urbana y ha iniciado un complejo proceso de regularización de las viviendas ilegales para lo cual ha creado una oficina especializada y arbitrado los correspondientes mecanismos bancarios de apoyo para los ciudadanos que opten por legalizar sus edificaciones.
Polémica
En los últimos quince días, el gobierno cuatripartito de Chiclana ha sido noticia por sendas actuaciones del primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón (IU). La primera de ella fue la expulsión de una edil del propio grupo, Nadine Fernández, tras incoar Urbanismo un expediente sancionador por unas obras sin licencia en la vivienda en la que, según Butrón, reside habitualmente su ahora ex compañera de grupo. Posteriormente, el propio alcalde fue objeto de un expediente urbanístico, con propuesta de sanción de una sanción de 4.449 euros de multa, por la realización de obras en una nave, antes de obtener la correspondiente licencia municipal.
Butrón precisó que la diferencia entre este expediente y el de Nadine Fernández, es que el la de la segunda es "una obra ilegal, no legalizable". Para el edil de IU, "nadie puede saltarse la ley a la torera" y en el caso del alcalde, será el PP quien "tome las medidas que considere oportunas". Marín no ha reaccionado ante las manifestaciones de su compañero de gobierno, pero si sobre el expediente anunciando que lo recurrirá administrativamente y que acata la decisión de sus compañeros.
Crisis en IU
Paralelamente, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, ha optado por apoyar a la edil Nadine Fernández, pese a haber sido expulsada por sus propios compañeros de grupo, como responsable de una gestora que es la que, según la coalición, ostenta ahora la representación de IU en Chiclana a todos los efectos. Valderas ha invitado a los dos otros ediles del grupo municipal, José Pedro Butrón y José Antonio Blanco, a abandonar el equipo de gobierno donde apoyan al PP y acatar la disciplina del partido. Por su parte, la única representante del PSA, la concejala María de los Ángeles Polanco, supedita su continuidad en el gobierno cuatricolor a la decisión que adopte la asamblea que los andalucistas celebrarán el próximo día 5.
El PSOE, con 11 concejales, solo necesitaría dos más para alcanzar la mayoría (la Corporación de Chiclana tiene 25 ediles) y poder presentar una moción de censura. Los socialistas tienen dos opciones, o bien contar con Nadine Fernández y María de los Angeles Polanco, o iniciar negociaciones con los otros dos ediles de IU, quienes pondrían como condición que el anterior alcalde, José María Román, dimita como concejal y abandone la política local en Chiclana, además de garantías de regeneración política y mantener sus actuales delegaciones. El coordinador regional de IU, Diego Valderas, cree necesario un "cambio de actores" y ha venido criticando con dureza la política socialista en Chiclana llegando a afirmar que se trata de "la otra Marbella".
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