La vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega ha dicho esta mañana en el congreso federal del PSOE que propondrá una revisión de la ley del aborto, "si los delegados (en referencia al congreso socialista que se celebra este fin de semana) así lo deciden". De la Vega ha anunciado además que el Gobierno recurrirá la decisión adoptada por la Audiencia de Barcelona en la que insta a desvelar la identidad de las mujeres que han sufrido abortos voluntarios. Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha considerado "inauditas" e "inaceptables" estas declaraciones y ha afirmado que las decisiones judiciales "deben ser acatadas y no descalificadas".
La vicepresidenta, ha explicado que es necesario revisar otras leyes de plazos europeas para "incorporar las experiencias más innovadoras". Además, de la Vega ha anunciado que la decisión tomada ayer por la Audiencia de Barcelona de desvelar la identidad de las mujeres que han sufrido abortos voluntarios será recurrida por la Fiscalía. "Es una decisión inaudita", ha dicho De la Vega en un acto sobre Igualdad, según informa Vera Gutiérrez Calvo. Además, la vicepresidenta ha insistido en que este tipo de decisiones no paralizará la acción contra la discriminación. "Las mujeres no vamos a aquietarnos", ha dicho.
La Audiencia de Barcelona ordenó ayer a la juez que investiga los abortos realizados en las clínicas del doctor Carlos Morín que revele la identidad de las pacientes porque así se garantiza mejor el derecho de defensa de los médicos y personal sanitario que están imputados en el proceso. Por este caso llegaron a ser imputadas cerca de 200 mujeres, pero la juez ha ido retirando la acusación contra ellas al considerar que no eran conscientes de que el centro donde abortaron incumplía la legalidad.
Cuando se empezó a instruir la causa por presuntos abortos ilegales en las cuatro clínicas del grupo Ginemedex-TCB, la juez otorgó la calidad de testigos protegidos a más de 150 mujeres abortistas y las imputó en la causa después de que prestaran declaración ante la Guardia Civil, que se llevó 2.780 expedientes de los abortos practicados en 2007.
Casi todas esas mujeres han ido siendo exculpadas en las últimas semanas por la juez, si bien la Audiencia de Barcelona les sigue dando, por error, esa condición jurídica. El pasado 7 de marzo la juez levantó el secreto de sumario, pero mantuvo secreta la identidad de las mujeres "ante el temor de eventuales represalias".
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