El caso Castor comienza a complicarse para ACS y Escal. El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, anunció ayer la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto ley por la que el Gobierno acuerda repercutir en la tarifa del gas los 1.350 millones de euros de indemnización por la suspensión del proyecto Castor para la compañía que preside Florentino Pérez y sus socios.
El recurso se basa en "la falta de justificación y proporcionalidad de la singularidad de la regulación establecida, y en la no concurrencia de una extraordinaria urgencia" para aprobar la norma a través de la figura jurídica del Real decreto ley.
Según Homs, la resolución de la concesión del almacén Castor con un Real decreto ley implanta, a su juicio, un régimen singular y diferente del que resultaría de la aplicación de la legislación general vigente, "lo que vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia".
Denuncia de la Fiscalía
Por otro lado, la Fiscalía Provincial de Castellón ha dado finalmente un paso adelante y denunciará ante el juzgado decano de Vinaròs a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
Así lo ha avanzado el ministerio público en un comunicado, en el que especifica que ha tomado esta decisión una vez finalizados los trámites y tras el visto bueno de la Fiscalía General del Estado.
La denuncia se dirigirá, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra ACS y Escal, promotores del proyecto.
Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, tras más de 500 seísmos en la zona. El Gobierno pidió un informe al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta y este organismo ha constatado que así fue.
La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal que acaban ahora con esta denuncia.
El Ministerio de Industria ha encargado a Enagás que realice varios informes sobre la seguridad de la planta y una auditoría de costes a fin de poder tomar una decisión sobre si llevan a ACS y Escal ante los tribunales para reclamar los 1.350 millones de euros de indemnización que han recibido. El Gobierno incluyó una clausula en el decreto ley para poder recuperar el dinero.
La Fiscalía denunciará la concesión de licencias