La infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, después de que el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, la haya incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado hoy.
Castro, reclama a la hermana del Rey el pago de 2,6 millones de euros en responsabilidades civiles. "En el auto, abre juicio contra 17 personas, entre ellas la infanta Cristina como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública", ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares en un avance del auto.
La hermana del rey Felipe VI, la primera integrante de la Familia Real española que se sentará en el banquillo, deberá responder si dispuso y gastó dinero público destinado a Aizoon, una sociedad "pantalla" que poseía al 50 por ciento con su marido, el exjugador de balonmano Iñaki Urdangarin, que también se sentará en el banquillo.
Castro ha desestimado así la solicitud de sobreseimiento de la causa contra la infanta, de 49 años, pedida por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y por su defensa.
"Cooperadora necesaria"
Castro mantiene en el auto que la duquesa de Palma era "cooperadora necesaria" en los delitos de Urdangarin, y que sin su consentimiento y su actuación no se habrían cometido.
La decisión de si el juez llevaría a juicio a Cristina de Borbón estaba en el aire pendiente de si se aplicaría la llamada "doctrina Botín", surgida a partir de una sentencia del Tribunal Supremo.
Esta jurisprudencia ha evitado juicios por delito fiscal cuando la imputación sólo estuviera apoyada por la acusación popular, en este caso procedente del sindicato Manos Limpias, y no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que en último término son los perjudicados por los delitos contra la Hacienda Pública.
Manos Limpias pide ocho años de prisión para la infanta.
Sin 'doctrina Botín'
El juez alega así que no es aplicable a este caso la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acusación popular y no la Fiscalía o el perjudicado por los hechos, al señalar que no sólo Cristina de Borbón se enfrenta a los dos delitos fiscales sino también su marido, Iñaki Urdangarin, y a él sí que le acusan de los mismos.
Urdangarin y Torres
Urdangarin y su exsocio Diego Torres se sentarán en el banquillo para responder por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el marido de la infanta presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
La Fiscalía había estimado que la responsabilidad de Cristina derivaba de su participación "a título lucrativo" en los presuntos delitos cometidos por Urdangarin, por lo que le reclamó algo más de 587.000 euros en concepto conjunto y solidario por la responsabilidad civil de su marido, un pago que efectuó pocos días después.
Para Urdangarin, la Fiscalía había solicitado 19 años y medio de prisión por delitos entre los que se encuentran malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude a la administración o delito contra la hacienda pública.
El auto del lunes es un punto y aparte en una instrucción que finalizó en junio pasado tras más de cuatro años de investigación y que se ha caracterizado por un enfrentamiento abierto entre el juez Castro y el fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach.
61,3 millones en fianzas
Castro reclama un total de 61,3 millones de euros en responsabilidades civiles a los 17 acusados de la causa, de los cuales 2,6 millones los exige a la Infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.
Los inculpados disponen de veinte días para hacer frente a las fianzas -la Duquesa de Palma ya efectuó el ingreso de 587.000 euros, cantidad solicitada por la Fiscalía-. En caso de no hacer efectivo el pago, el juez procederá a designar bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
Más en concreto, el magistrado ha decretado una fianza de 14,9 millones de euros para Urdangarin; 15,8 millones para Torres y su mujer, Ana María Tejeiro; 4,6 millones para el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro; 9,6 millones para el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y 1,2 millones para el abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.
En el ámbito balear, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester y el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal se enfrentan de forma conjunta a una caución de 3,5 millones de euros; el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, a 167.421 euros, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía 155.421 euros.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, Castro reclama 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y 1,3 millones para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, solicita 152.000 euros a la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.
Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas.
Además, el juez ha acordado sobreseer la causa contra el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia, Alfonso Grau y desestima las peticiones de juicio oral contra él. Grau había sido imputado por las tres ediciones de Valencia Summit organizadas por el Instituto Nóos, presidido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
"Lo que tú defraudas, lo pagamos todos"
Castro, proclama en su auto que "lo que tú defraudas, lo pagamos todos", aseverando cómo la propia Agencia Tributaria ha impulsado en los últimos años "eslóganes" y campañas como "Hacienda somos todos" con el objetivo de evitar conductas ilícitas contra el fisco.
En su resolución, Castro recalca cómo "se decidió llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria" entre las que destaca, "por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'Lo que tú defraudas, lo pagamos todos'".
"Ello no es óbice a que sea la Agencia Tributaria quien, como gestora de los fondos públicos que los contribuyentes han puesto a su disposición", incide Castro, "se persone a través de la Abogacía del Estado al no poder hacerlo directamente los ciudadanos, a quienes les resultaría de imposible cuantificación el perjuicio que para cada uno de ellos ha representado la picaresca fiscal".
No obstante, en este caso Hacienda siempre ha sostenido, junto a la Fiscalía Anticorrupción, que la hermana del Rey Felipe VI no ha incurrido en responsabilidad penal alguna, por lo que sólo es Manos Limpias la que reclama pena de cárcel para la Duquesa, más en concreto ocho años de cárcel.
Es por ello, sobre el hecho de que debiera o no enviar a juicio a la Duquesa al únicamente ser acusada por quien ejerce la acción popular, señala que Manos Limpias está "absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura del juicio oral" con independencia de que de ello "se hayan abstenido" el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.
Entidades
Iñaki Urdangarin Liebaert
Fundador del Instituto Nóos
Diego Torres
Socio de Iñaki Urdangarín
Lea aquí el auto del juez