El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dimitió ayer desencantado. Se quejaba de la falta de atención a sus múltiples demandas de medidas legislativas y de apoyo al Ministerio Fiscal para potenciar su labor en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Recibió además críticas de algunos sectores que se quejaban de su falta de independencia. Siga aquí todas las reacciones.
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, actualmente al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores, es el nombre que suena para sustituirle en el cargo.
En los últimos discursos venía reiterando sus sensaciones. La gravedad de la situación se hizo patente en frases como las dichas el pasado día 26 de noviembre, en el Congreso de los Diputados : "No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito" o "si tengo que sostener posición contraria al Gobierno, la sostengo".
Así, defendía su labor al señalar que no se le podía achacar "que fuese proclive al Gobierno de Mariano Rajoy" y al citar, como ejemplos, que fue quien solicitó la prisión del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos Bolinaga y Matas.
Falta de concreción
Sin embargo, ayer, en un escueto comunicado alegaba "razones personales" y anunciaba su regreso a su plaza en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
Esta falta de concreción sobre las razones llevó a las asociaciones de fiscales a mostrar su "consternación y preocupación" tras el anuncio de dimisión, según manifestó la Asociación de Fiscales, a pedir que explique por qué ha abandonado el cargo "para evitar rumores", como hizo la Unión Progresista de Fiscales (UPF), o a mostrar su desacuerdo con la renuncia "si hubiera dimitido por las posibles presiones del Gobierno ya que, de haber sido así, tendría que haberlas denunciado ante la opinión pública y pedir el apoyo de los compañeros", en palabras de la Unión progresista de Fiscales (UPF).
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que la dimisión de Torres-Dulce ha sido "un tanto sorpresiva" y negó presiones sobre el fiscal general que hayan podido propiciar su marcha.
Sin embargo, los rumores sobre la inminente renuncia se dispararon el pasado miércoles por la tarde, después de que Torres-Dulce retirara sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.
El ministro también explicó que "esta renuncia no tiene nada que ver" con la querella contra la consulta soberanista del 9-N en Cataluña", desmintiendo las declaraciones realizadas por Josep Antoni Duran, achacándola a sus "desavenencias" con el Ejecutivo, que ha considerado que quedaron patentes tras el proceso participativo del 9-N, por lo que exigía explicaciones al presidente del Gobierno.
Sintonía inicial y desencanto
Torres-Dulce llegó al cargo en buena sintonía con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Según fuentes cercanas al fiscal, se trata de un hombre de convicciones ultracatólicas, que apoyaba el anteproyecto de ley que endurecía las condiciones para el aborto, cuyo rechazo por el Gobierno motivó la dimisión del propio Gallardón.
Pero pronto se complicaron las relaciones entre ambos, fundamentalmente desde el momento en que constató la falta de apoyo a la instrucción por los fiscales en lugar de por los jueces, que se incluía en el texto del Código Procesal Penal, que finalmente ha quedado fuera de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La dimisión es el punto final de una carrera de desencuentros entre la Fiscalía General y el antiguo equipo del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que han continuado con el nuevo equipo dirigido por Catalá, a pesar de su contrastado talante negociador.
En sus últimas intervenciones el fiscal general del Estado ha propuesto medidas para mejorar la Justicia, que por ahora quedan en el tintero, al tiempo que se enorgullecía de que "en el ámbito de actuación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de las 18 sentencias recaídas en procesos en los que intervino la misma, todas han resultado conformes, total o parcialmente, con la acusación realizada".
Sin embargo, ha venido manteniendo una denuncia constante de que los medios con los que cuenta la Fiscalía no son suficientes para abordar este fenómeno criminal, "que pone de relieve la precariedad en la que se mueve la Justicia y constituye el síntoma de un excesivo deslizamiento de los mecanismos de control de la cosa pública al ámbito judicial, así como de una contraproducente intervención de los jueces en conflictos políticos".
Un hombre 'descorazonado'
Para Torres-Dulce, "la realidad diaria de las Fiscalías provinciales ante el fenómeno de la corrupción resulta descorazonadora" debido a la precariedad de medios materiales y personales, lo que hace que "una causa de estas características se convierta en una tarea poco menos que titánica y, en muchos casos, abocada al fracaso, ya que las investigaciones se prolongan en el tiempo y generan la consiguiente sensación de impunidad de comportamientos muy graves".
Torres-Dulce se había vuelto crítico con la política legislativa del Gobierno y calificaba de "durísimo" el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de entre tres y cuatro años y medio de cárcel para quienes "actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros coacciones a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
En mayo, lamentaba que la modificación de la Ley que reformaba la justicia universal permitiese "una interpretación mucho más acorde y permisiva con respecto a operaciones de narcotráfico o terrorismo". Y añadía que los fiscales "van a esperar, siempre respetuosos pero discrepantes, la decisión del Supremo, que tendrá que revisar la excarcelación de 43 presuntos narcotraficantes por parte de la Audiencia Nacional desde que en marzo entrara en vigor la reforma".
La oposición culpa al Gobierno
Rajoy dijo ayer que "ha dimitido por razones exclusivamente personales, que yo respeto, como es natural, porque las razones personales siempre son respetables" y lamentó que "pase lo que pase y suceda lo que suceda, la posición del PSOE siempre es la misma: la culpa es del Gobierno. No voy a perder un minuto sobre ese tema".
Las reacciones de los grupos de la oposición se han centrado en acusar al Ejecutivo de haber forzado esta dimisión como consecuencia de las presiones ejercidas.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró que la dimisión "expresa la falta de respeto a su imparcialidad por parte del presidente del Gobierno". Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, anunciaba que su grupo parlamentario había solicitado ya la comparecencia del jefe del Gobierno en el Congreso.
Por su parte, Rosa Díez, líder de UPyD, pedía a Rajoy que explique los motivos de la dimisión, después de denunciar "injerencias y falta de medios" en la Justicia. Pero, además, extendió sus acusaciones al reprochar al fiscal que haya tenido "falta de valor en algunas cuestiones y que haya llegado tarde muchas veces de manera injustificada".
"¡Jueces y fiscales, apartad vuestras manos del PP!", exclamaba Gaspar Llamazares, diputado de IU, para referirse a lo que él piensa que es la consigna del PP.
El presidente de C's, Albert Rivera, consideraba la dimisión como fruto de "la presión política del Gobierno central" y lamentaba la renuncia ya que "es una persona que se caracteriza por su personalidad y por su independencia, que es respetado por el mundo judicial".
Los partidos nacionalistas encontraron las razones de la dimisión en las presiones para paralizar el proceso soberanista. Así se pronunciaron los diputados de ERC, Joan Tardá, y de Amaiur, Iker Urbina.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reunirá el 8 de enero para valorar la idoneidad del candidato que ocupará el cargo de fiscal general del Estado.
Entidades
Cansado de las irritaciones del Gobierno
