Los grandes consumidores de electricidad se encuentran en un callejón de difícil salida. Si el Gobierno no lo remedia, el 1 de julio los precios de la luz se incrementarán entre un 50 y un 80%. Estas subidas pondrán en dificultades a algunas de las principales empresas del país, que sufrirán una merma de su competitividad en sectores como el cementero, la química básica, la siderurgia, los metales y los gases.
Deseadas reuniones
Pese a los constantes intentos realizados con el director de gabinete del ministro de Industria , Carlos Ocaña, la Asociación de Grandes Consumidores (Aege) no ha podido sentarse con Miguel Sebastián. Ante la imposibilidad de dicho encuentro, los representantes de empresas como Arcelor, Lafarge, Holcim, Celsa, Ercros, Alcoa, etc., han optado por ponerse directamente en contacto con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de plantearle sus complicaciones a través de una carta a la que ha tenido acceso este diario.
El presidente de Aege, Luis Fernández-Goula, le pide a Zapatero , "su ayuda urgente" para no poner en riesgo los 250.000 empleos. Los grandes consumidores necesitan precios competitivos con los de Alemania y Francia y, para ello, quieren poner en valor algunos de los servicios que ya prestan al resto del sistema eléctrico, como la interrumpiblidad, que evita apagones en momentos de gran demanda.
Peticiones de los consumidores
Los grandes consumidores reclaman poder garantizar a largo plazo precios competitivos de la electricidad como materia prima para la industria , a partir del coste y condiciones de funcionamiento del mix español de generación, incluyendo la apuesta por las renovables. Y asegurar los niveles máximos de eficiencia y garantía de suministro de la energía eléctrica como servicio público dentro de nuestro sistema eléctrico español, aislado del resto de la UE, mediante compromisos firmes de colaboración de la industria básica con el operador del sistema.
En este sentido, según un informe elaborado por Intermoney, el hecho de que los grandes consumidores eviten un solo apagón ya compensa la oferta de mejores precios a esta industria , al tiempo que hay que recordar que durante los últimos años la interrumpibilidad les ha sido aplicada en decenas de ocasiones.
Una semana frenética
La semana pasada los teléfonos de la Administración y de las grandes empresas echaban humo. El lunes 16 se mantuvo una reunión de los grandes consumidores de electricidad con el secretario general de Energía, Pedro Marín, y con el director general, Jorge Sanz, en la que se produjo un amplio desencuentro, ya que el Gobierno se escudó en las medidas dispuestas en la orden ministerial de tarifas para no adoptar cambios.
En aquel encuentro, el ministerio defendió que si las empresas tenían problemas por este incremento de los precios, lo mejor era que pusieran sobre la mesa sus cuentas para ver cómo arreglarlos a posteriori, una propuesta que desde las empresas se considera inaceptable. El martes 17, y tras el desencuentro de la reunión, Aege se puso en contacto con Ocaña para acordar una reunión con Sebastián que nunca se produjo . Por este motivo, las empresas contactaron con los secretarios generales de CCOO, José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, para que aprovecharan la reunión del diálogo social para plantear la situación, que podría tener graves repercusiones en el empleo.
Miguel Sebastián, se comprometió a encontrar una solución favorable para todas las partes en el Congreso, pero lo cierto es que todavía no se han dado pasos adelante, a excepción de una serie de medidas transitorias que se incluyen en la orden ministerial de tarifas.
La CNE contesta a Industria
El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se reunió para analizar el borrador de Orden remitido por Industria que regulará las tarifas a partir del 1 de julio. El regulador piensa que la intención del Ministerio de subir la luz un 5,6 por ciento es insuficiente y mantiene que lo idóneo sería un incremento del 11,3 por ciento, como propuso el regulador en el borrador original.
Otro de los aspectos con el que discrepan es con la nueva tarifa social . Según el regulador, el principio sobre el que se debería definir quién puede beneficiarse de ella debería ser la renta del consumidor. Sin embargo, Industria limita esta tarifa a aquellos usuarios que no excedan los 3 kilovatios de potencia instalada, siempre para su primera residencia. Según la CNE, un diseño adecuado podría eliminar la tarifa 1.0, aquella que comprende hasta un kilovatio de potencia instalada. Tampoco están de acuerdo con la forma de penalizar el consumo excesivo.