Correos no distribuirá papeletas para la consulta del 9-N en Cataluña. Así lo ha asegurado el operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal. Para participar en procesos electorales, este organismo necesita una orden expresa del Gobierno central que no ha recibido.
Correos participa en la difusión de propaganda electoral siempre que el Ejecutivo dé esa "instrucción" en cuando a una cita con las urnas convocada legalmente. "No ha habido ninguna orden", han asegurado fuentes de la compañía a Servimedia. "La imposición de obligaciones de servicio público a Correos es competencia exclusiva del Estado, no de la Generalitat de Cataluña. No es que alguien nos prohíba repartir las papeletas, es que el Estado central nos lo tendría que mandar". La Generalitat de Cataluña "no puede dirigirse a Correos" porque no tiene ningún tipo de competencia transferida para poder solicitar el reparto electoral.
Artículo 22.5 de la ley postal
Según recoge el artículo 22.5 de la ley postal, "el Gobierno podrá imponer al operador designado para prestar el servicio postal universal las obligaciones de servicio público necesarias para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales". En consecuencia, en el caso de celebrarse una consulta ilegal el 9-N en la autonomía catalana, este operador postal no intervendrá en el reparto de papeles electorales que impulsen el referéndum, puesto que el Gobierno de Rajoy, que no lo autoriza, no va a pedirle que lo haga.
Conforme el artículo 22.5 de la ley postal y en virtud de la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia postal en el artículo 149.1.21 de la Constitución española, "sólo el Gobierno de la Nación puede imponer estas obligaciones de servicio público a Correos, mediante acuerdo de Consejo de Ministros".
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