La juez que investiga las irregularidades en la concesión de subvenciones a cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía ha reclamado al Consejo Andaluz de Formación Profesional que entregue todos los informes emitidos desde el año 2002 "sobre programas, acciones y subvenciones formativas por la Consejería de Empleo, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 214/97 de 2 de septiembre".
En un auto dictado el pasado 18 de septiembre, la juez Mercedes Alaya pone de manifiesto que "para la continuación de las investigaciones, se hace necesario reclamar" dichos informes al Consejo Andaluz de Formación Profesional, que es un órgano consultivo dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta.
El Consejo, que está compuesto por un presidente, un vicepresidente y 24 vocales en representación de la Administración de la Junta y de las organizaciones sindicales y empresariales, tiene entre sus funciones controlar, evaluar y realizar el seguimiento de la ejecución de programas de formación profesional; informar sobre cualquier asunto que en materia de formación profesional le sea sometido por las distintas consejerías, así como emitir propuestas y recomendaciones sobre dicha materia.
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Reclama a la Junta todos los informes