El hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, negó ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la acusación de su exnovia María Victoria Álvarez de haber llevado bolsas repletas de billetes de 500 euros a bancos de Andorra. "La gente no va por la vida así", aseguró, según fuentes de su defensa.
La pregunta sobre las acusaciones de Álvarez fue formulada por el juez Pablo Ruz durante las cuatro horas en la que estuvo interrogando al primogénito del exjefe del Ejecutivo catalán, que se presentó como un dinamizador de negocios con gran habilidad para conseguir contratos gracias a sus contactos profesionales.
Preguntado por los motivos que podrían haber llevado a su exnovia a realizar esta denuncia, Pujol Ferrusola sostuvo ante el juez que la relación que tenía con ella no incluía hacerle partícipe de sus actividades empresariales. "Yo las exclusivas las doy aquí, en el juzgado", apuntó.
Durante su declaración, según fuentes de su defensa, Pujol Ferrusola negó haber cobrado "comisiones ilegales" y defendió que los 8,5 millones de euros que un informe policial considera pagos por la intermediación en adjudicaciones públicas se corresponden con sus labores para conseguir contratos.
Así, justificó a partir de su trayectoria profesional, que comenzó con la venta de pieles catalanas a Corea del Sur desde una empresa de Nueva York, sus conocimientos para desarrollar negocios como la construcción de un centro de tratamiento de residuos en México y un sistema de red eléctrica en Gabón, la ampliación de una refinería en Cartagena (Murcia) o la edificación de un hotel en Ibiza.
Sobre el negocio de Gabón, señaló que fue posible por sus contactos con los hermanos andorranos Josep y Pierre Duró, que habían montado una red comercial en el país y se llevaron el 82 por ciento de los beneficios de este negocio. Su comisión fue del 18 por ciento y se fue prolongando según se iba ampliando la instalación eléctrica.
También aseguró que los movimientos de divisas por 32 millones de euros que la Agencia Tributaria le atribuye entre 2004 y 2012 se limitaron a varias operaciones de inversión de 7 millones de euros que siempre tributaron en España. Para explicar por qué estos movimientos acabaron en Suiza, Uruguay, Luxemburgo o paraísos fiscales, argumentó que en muchas ocasiones se trataba del domicilio fiscal de los bancos en los que invertía.
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"Sólo" siete millones de euros