Los consejeros de Educación de Andalucía, Cataluña, Canarias, Euskadi y Asturias expresaron este lunes su inquietud ante la posibilidad de que la financiación procedente del Fondo Social Europeo que se destinará a la implantación de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) pueda computar como deuda o no.
En declaraciones tras la Conferencia Secctorial del ramo, los cinco consejeros indicaron que el ministro José Ignacio Wert no les ha aclarado si los 614 millones de euros que aportará el Fondo Social Europeo y que el Estado adelantará a las autonomías computará como déficit autonómico o no.
Según la consejera de Asturias, Ana González, responsables del Ministerio de Hacienda se reunieron hace días con directores generales y otros técnicos de las comunidades y "así fue como nos enteramos de que ese adelanto nos podía contar como deuda [...] Le hemos preguntado a Wert y no nos lo ha sabido aclarar".
Por su parte, el consejero de Educación y vicepresidente de Canarias, José Miguel Pérez, se mostró convencido de que hasta que las comunidades "podamos certificar el destino de esos fondos, (dicha cantidad) nos va a contar como deuda". "Puede ser que no tengamos que devolverlo al final, pero estamos sujetas a una limitación muy estricta en cuanto a capacidad de déficit, y si esto nos computa, habrá otras partidas en las que tengamos que dejar de invertir".
De ahí que el consejero andaluz, Luciano Alonso, reclamase al Gobierno una memoria económica que asegurase la financiación de la LOMCE. "Es la primera ley de educación que no se financia desde Hacienda, sino a través del Fondo Social Europeo, que no sabemos si tendremos que devolver", subrayó.
Las consejeras de Euskadi y Cataluña, Cristina Uriarte e Irene Rigau, respectivamente, señalaron que "más que el cuanto", les preocupa "cómo se van a gestionar estos fondos". "No podemos decir sí a una financiación que funciona como préstamos" y que puede generar más déficit a las comunidades autónomas, concluyó Rigau.
Wert dice que no
Pues bien, Wert ha afirmado que el sistema de financiación para la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no va a computar como deuda para las autonomías.
Según Wert, los 964 millones previstos para los tres primeros años de implantación de la norma (2014-2017) son un adelanto a las autonomías, cuya deuda inicial "se amortiza automáticamente" con la generación de un crédito, que "supone incurrir en el gasto para el que se ha facilitado -a las CCAA- este anticipo".
Entidades
Se oponen al modelo de financiación
