El papel de los consejeros de Idea, base para sus sospechas sobre varios aforados.
La calificación penal del comportamiento del consejo rector de la agencia Idea -denominada IFA hasta 2004- por parte de la juez Mercedes Alaya es durísima. Tras analizar las declaraciones y la actuación en las reuniones del órgano de Gobierno de los tres directores del ente durante los años escrutados en su último auto (2001-2008), acusa tanto a esas tres personas (ya imputadas previamente) como a los 16 miembros del consejo en ese periodo de delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.
Al hacerlo, y habida cuenta de que los miembros del consejo fueron altos cargos clave de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, Presidencia o Agricultura, Alaya extiende la mancha del delito al núcleo político fundamental de la Junta de Andalucía en ese periodo. Amén de que la presidencia del consejo rector correspondía, y fue ejercida como tal en la mayoría de las 32 reuniones analizadas, por el consejero de Empleo o el de Innovación. Y amén, además, de que algunos de los miembros de ese consejo -en concreto, Antonio Ávila y Carmen Martínez- serían luego a su vez consejero de Economía y consejera de Hacienda bajo el Gobierno de José Antonio Griñán. Ávila y Martínez están preimputados.
Junto a ellos, Alaya ya describió muy gráficamente en un auto de enero pasado la estructura piramidal que, a tenor del avance de una instrucción de casi tres años y medio, sostiene a los 181 imputados hasta ahora en los ERE fraudulentos pagados por la Junta.
Y que estaría a su vez dividida en tres estratos diferenciados pero interrelacionados: la cúpula política de la Junta entre 2001 y 2010, incluyendo varias decenas de cargos y ex altos cargos intermedios de las Consejerías de Empleo, Innovación o Agricultura; una pléyade de empresarios o directivos relacionados de manera más o menos directa con el sistema fraudulento; y, en la base, los conseguidores, intermediarios (consultoras, bufetes de abogados), sindicalistas y exsindicalistas, y testaferros. Esta visión integral y compacta del sistema fraudulento que reitera la juez es la que determina también que se haya negado hasta ahora a dividir el sumario, como le pide la Fiscalía Anticorrupción, y que tenga previsto elevarlo en bloque al Tribunal Supremo quizá ya en julio.
A todo ello se añade que, en la primera capa de esa pirámide, la juez ha señalado -pero no imputado por su condición de aforados- a dos expresidentes de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves -1990-2009- y José Antonio Griñán -su sucesor hasta septiembre pasado); y a cinco exconsejeros que son diputados autonómicos o nacionales.
Pasos clave
Dos hitos procesales de este año 2014 marcan ya sin vuelta atrás el avance de la investigación hacia los máximos responsables. En primer lugar, la confirmación de la imputación de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda andaluza. La juez le acusa de poner en marcha el sistema presupuestario que permitió y alentó el fraude: las transferencias de financiación, con las que la Consejería de Empleo evitaba la fiscalización previa de la Intervención General al enviar el dinero a Idea para que pagara los ERE y las ayudas a empresas y ayuntamiento que, previamente, se negociaban sin procedimiento en Empleo.
La Audiencia de Sevilla, en su auto de ratificación de la imputación de Álvarez por delitos de malversación y prevaricación, señala sobre esta interpretación de la juez: "No es irracional o arbitraria la hipótesis de entender que la técnica fuera introducida para propiciar lo que finalmente ocurrió. ¿Cómo entender si no que, pese a las alertas dadas, pudiera prolongarse sin control alguno durante unos diez años un sistema tan peculiar provocador de una presunta malversación millonaria, de unos déficit de financiación de las ayudas del programa 31L [el fondo de reptiles] que ya en el año 2002 ascendía a 30,27 millones de euros, a 38,22 millones de euros en el año 2003, y en el año 2004 a 93,60 millones de euros?"
A este apoyo a la tesis de la juez de que el sistema se instauró desde arriba se suma la propia interpretación que la magistrada ofrece en el auto de imputación de los 16 directivos, presidentes de bancos e instituciones y exaltos cargos de la Junta de esta semana.
Alaya avanza que las diligencias que practicará para profundizar en el funcionamiento del consejo rector de Idea, a tenor de quién estaba representado en él, "también estarían encaminadas a determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados señalados" en su auto de diciembre pasado. Justo el auto de la preimputación de Chaves, Griñán y los cinco exconsejeros.
Editorial: 'Alaya alcanza al poder económico'
