El juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, comandado por la juez Mercedes Alaya, ha procesado finalmente al expresidente del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lopera y a las restantes siete personas imputadas en torno a la anterior gestión del club heliopolitano, entre ellas Luis Oliver, Ángel Guillermo Martín y Francisco Javier Páez, por la "descapitalización" de la entidad "en beneficio" de las sociedades instrumentales controladas por el propio Lopera.
A través de un auto fechado el 8 de mayo, la juez Alaya examina el "plan preconcebido" desde que Manuel Ruiz de Lopera fuese vicepresidente económico el club verdiblanco, "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio", ostentando primero "la mayoría absoluta del capital social" del club a través de la sociedad 'Farusa', para luego aprovechar "el poder de decisión conseguido, privando al resto de accionistas del conocimiento de dicha gestión", y "ceder a otra de sus empresas, 'Tegasa', la totalidad de ingresos que percibiera el Real Betis por su actividad deportiva a cambio de una cantidad fija o variable según las temporadas".
Todo ello "con el importante desfase temporal entre el cumplimiento puntual del Betis de sus obligaciones y el cumplimiento dilatado" de 'Tegasa', que tras operar seis temporadas desde la 93/94 fue relevada por 'Encadesa', también controlada por Lopera.
En este auto, explica la juez que en 1992, 'Farusa', administrada por Ana María Ruiz, y participada en un 96 por ciento por 'Incecosa', cuyo administrador único era Lopera, se hizo cargo del préstamo de 308,7 millones de pesetas suscrito meses antes por el club con la consiguiente adquisición de acciones y la imposición de 'Farusa' a la hora de ostentar "los derechos políticos de unas acciones que no había desembolsado", si bien 'Farusa' no habría cumplido sus compromisos en materia financiera, según el auto de la juez, quien señala que ya a finales de 1994, "el desfase entre lo abonado por el Betis y lo cobrado" de 'Farusa' superaba los 66,6 millones de pesetas.
'Farusa', según Alaya, se hizo con la mayoría absoluta del capital social del Real Betis, en concreto 55.350 acciones en 1992, si bien 30.869 de estas acciones "no se habían adquirido" en aquellas fechas y 20.662 "no se abonarían nunca". En una "segunda fase" de la operación, según la juez, Lopera contaba ya con el "poder absoluto" del club heliopolitano e introdujo a 'Tegasa', a la que controlaba a través de la propia 'Farusa' y otras sociedades, para "gestionar de manera personalísima los recursos de la actividad deportiva del club a través de diversos contratos de arrendamiento de servicio", contando para ello con María Mercedes Ferraro de Mora y María Teresa González como "testaferros" en la última etapa.
Rechazó la recusación