La juez Mercedes Alaya, que instruye el 'caso de los ERE' fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha rechazado de nuevo -ya lo hizo en enero- la petición de hace una semana de la Fiscalía Anticorrupción para dividir la causa en múltiples piezas diferentes. De esa manera, la relativa a aforados como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán -y otros cinco diputados nacionales y autonómicos- pasaría al Tribunal Supremo.
Alaya respondió ayer en un auto de que todas las vías de investigación que sigue tienen una "extraordinaria interrelación" entre sí -utiliza jurisprudencia del caso Banesto para fundamentarlo en el concepto de continencia de la causa- y que separarlas podría generar un "caos procesal". "El riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad, es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse", argumenta.
La petición de la Fiscalía
Justo ayer, la Fiscalía volvió a pedir escindir de la causa la pieza sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, sobre las que la Guardia Civil entregó el viernes su atestado definitivo al juzgado. En él, según señalaron ayer fuentes jurídicas, se implica al diputado nacional José Antonio Viera (PSOE) -al que un atestado previo de 2012 atribuyó un "papel esencial" en el fraude-, pero también al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo -preimputado como los cinco exconsejeros y dos expresidentes- y al diputado autonómico del PSOE José Caballos -aforado-.
También ayer, la juez Alaya mandó una requisitoria al Congreso de los Diputados, a través de dos agentes de la Guardia Civil, para notificar al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, y al exconsejero de Empleo andaluz, José Antonio Viera. Jesús Posada, se habría negado a recibir tal oficio al "considerar que esas no son formas de relacionarse entre las altas instituciones del Estado".
Entidades
Preimputación de Chaves y Griñán