Los altos cargos de las empresas e instituciones financieras públicas no han querido darse por enterados de que España está atravesando la peor crisis económica de su historia reciente. De hecho, en el apogeo de la peor recesión en la historia democrática del país (entre 2010 y 2012), el porcentaje de sus asalariados que perciben los mayores sueldos, lejos de contenerse, pasó de representar el 15,6% del total de la plantilla a encaramarse al 23,8%, casi diez puntos porcentuales de diferencia.
Así lo reflejan los datos más recientes (elaborados a finales de 2013) del Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales también ponen de manifiesto el sobredimensionamiento que ha llegado a alcanzar la cúpula de estos organismos, entre los que se encuentran grandes corporaciones, como Aena o RTVE, o empresas de tamaño mediano del estilo de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), que bien pueden depender del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales.
Como resultado, en términos generales, son las nóminas que Estadística clasifica como altas (es decir, las que equivalen a 3.255,6 euros mensuales o superan ese nivel) las que más cuota acaparan dentro de la plantilla total de las empresas públicas, casi una cuarta parte por sí solas (ver gráfico adjunto).
Si a ese porcentaje le sumamos el 20,7% propio de los asalariados que ocupan el siguiente puesto de la clasificación (con remuneraciones situadas entre menos de 3.255,6 euros mensuales y 2.528,1) tenemos ya casi la mitad del total de las personas que trabajan en las empresas e instituciones financieras públicas.
Mientras, la clase media es escasa: los componentes de los tres deciles que discurren entre menos de 1.788,6 euros y 1.200 apenas representan el 30% de la fuerza de trabajo de estos organismos.
A contracorriente
Además, llama la atención que estos últimos han encontrado gusto en nadar contracorriente en un contexto en el que predominaba el ajuste de las Administraciones, para poner coto al déficit y a la deuda. En otras palabras, en el mismo periodo en que los altos cargos empresariales públicos crecían (quienes, por cierto, no necesitan opositar), en los otros ámbitos del sector sí que, con más o menos intensidad, entraba la tijera.
En concreto, entre 2010 y 2012, la Administración central (incluida la Seguridad Social) vio cómo la cuota de sueldos elevados pasaba de representar el 17,6% de toda su fuerza de trabajo a situarse en el 14%.
En lo que a las comunidades autónomas concierne, el punto de partida era notablemente elevado: un 24% de sus asalariados cobraba más de 3.200 euros brutos al mes. En 2012, ese porcentaje había menguado hasta el 19,2%. En cuanto a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades...) casi cinco puntos porcentuales se quedaron en el camino entre el 15,7% de 2010 y el 10,9% arrojado dos años más tarde.
Marcar límites
El Gobierno actual ha tomado consciencia de la necesidad de meter en vereda a los altos cargos de empresas públicas y sus retribuciones. Con ese objetivo, entrado el año 2012, el Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto por el que se establecía un límite al número de consejeros, y también techos a las retribuciones de los primeros espadas de estos organismos: 105.000 euros anuales para los de gran tamaño; 80.000, para los medianos, mientras que, en el caso de los pequeños, el límite es de 55.000 euros. El problema estriba, según fuentes conocedoras de este ámbito profesional, en que "sigue quedando margen para engordar la nómina recurriendo a complementos, aunque ahora haya más controles".
En concreto, existe un bonus en función del cargo, que puede llegar hasta el 60% del sueldo base y, por otro lado, también hay un variable que puede alcanzar el 40% de la retribución básica.
Sea como fuere, parece claro que, como mínimo, ha llegado el fin de la barra libre de salarios de la que han disfrutado las empresas públicas durante años.
Secretismo dominante
Es más, durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero reinó el secretismo sobre el volumen real de esas retribuciones hasta que, en 2011, un informe del Tribunal de Cuentas reveló que más de 3.300 de sus empleados en nómina cobraban por encima de de los 90.000 euros en cada ejercicio. De hecho, el desembolso total que suponía pagar, en 2011, a los 190.000 personas que trabajaban en ellas ascendía a más de 5.000 millones de euros cada año.
La institución fiscalizadora también citaba nombres propios, de manera que ponía de manifiesto que los sueldos más suntuosos correspondían a Aena, pues no en vano su retribución promedio se encuentra en 57.300 euros anuales. En la cifra, sin duda, influye al alza el hecho de que en el cómputo entran las retribuciones correspondientes a los controladores aéreos.
En el segundo puesto de la clasificación, se encuentra Radio Televisión Española con una remuneración media de 47.800 euros en cada ejercicio.
Los siguientes son otros dos gigantes del transporte: Renfe (46.800 euros, considerando en la estimación a los conductores de trenes) y Navantia ( con una media de 43.700 euros).
Montoro: el controlador de altos cargos
