La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha logrado reducir su deuda un 28,5%, que ha cerrado el 2013 con 1.000 millones de euros frente a los 1.400 de 2010, por lo que confía en poder acometer las inversiones del Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas (Psaru) a partir de 2017, con un coste aproximado de 800 millones de euros.
El director de la empresa pública, Jordi Agustí, ha explicado que el buen ritmo en la reducción del déficit --desde 2011 refleja un saldo positivo-- otorga a la agencia "cierta posibilidad negociadora" con los bancos, después de unos retornos anticipados acometidos gracias a las sucesivas subidas del canon, y que posponen hasta 2017 ó 2018 la recuperación de la capacidad inversora.
Agustí ha asistido a la presentación de un informe sobre infraestructuras hidráulicas del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya (Ctesc), órgano consultivo de la Generalitat, donde ha explicado que la ACA está definiendo el nuevo Psaru, que contemplará invertir 200 millones de euros en estructuras ya existentes y otros 600 millones en un millar nuevo de sistemas, lo que permitirá ampliar la depuración de las aguas desde el 96% de la población actual a la práctica totalidad del territorio.
El director de la agencia ha indicado que la crisis ha obligado a recortar hasta el 30% el gasto interno, lo que ha generado "cierto estrés" --más allá del relevo de Leonard Carcolé, el proceso de privatización de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) y la posibilidad de expediente de regulación de empleo (ERE) que finalmente no cristalizó--, aunque ha asegurado que no se prevén cambios en la composición del canon para este año, cuya estructura ya está aprobada en los presupuestos del Govern.
Agustí sí ha considerado que la estructura del canon por tramos de consumo "posiblemente no es la adecuada" y debería ser más progresiva, quizás con un sistema de repercusión por metro cúbico y otra parte fija, aunque ha añadido que después de un año en el que las cuentas de la Generalitat se prorrogaron no era prudente cambiar la estructura del impuesto, ya que ello debería de hacerse de común acuerdo con todos los actores del sistema.
Preguntado sobre la posible concesión a empresas privadas de la gestión de las 450 depuradoras que existen en Catalunya, Agustí ha ratificado que esta posibilidad sigue en estudio, y ha defendido la necesidad de solventar una disfunción histórica y cambiar un modelo "agotado", ya que los ayuntamientos tienen la competencia en el saneamiento de aguas pero la planificación y las inversiones las acometen las administraciones autonómicas, ha explicado.
SERVICIO DEFICITARIO
El informe del Ctesc, que ha sido presentado por el presidente de la institución, Josep Maria Rañé, y explicado por la ponente Alba Cañas, evidencia que el precio que pagan los ciudadanos por el agua "continúa siendo deficitario", a pesar de que el consumo urbano ha caído un 20% entre 2005 y 2011 y el área metropolitana de Barcelona es una de las zonas del mundo que menos agua gasta de todo el mundo.
La razón de este desfase, según el Ctesc, son las inversiones acometidas a partir de 2008, cuando Catalunya atravesó una importante sequía y se hizo evidente la capacidad de modernizar las infraestructuras, a pesar de que el porcentaje que representa el canon sobre las cuentas de la ACA ha pasado del 30% al 59,3% entre 2011 y 2012.
El informe indica que el suministro de agua en Catalunya es deficitario en un 49% en el alcantarillado, un 24,2% en el abastecimiento en alta y un 22,5% en el saneamiento, por lo que "el modelo de financiación está agotado" y sería necesario redefinirlo, también incluyendo aspectos sociales, ha asegurado Cañas.
EL 69% EN AGRICULTURA
Catalunya gastó en 2011 unos 2.373 hectómetros cúbicos, de los que un 69% se destinó a usos agrícolas, un 20% urbanos y un 11% industriales, en un contexto en que ha sido pionera en la aplicación de la directiva europea del agua y, pese a los problemas de financiación, "ha hecho sus deberes", ha indicado Agustí.
Entre las asignaturas pendientes, el informe indica la posibilidad de modernizar más los sistemas de regadío; una distribución de competencias entre administraciones más clara --la ponente ha apuntado a la dualidad entre cuencas internas y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)--, y la revisión del plan de cuenca, actualmente en curso.
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