En UGT Andalucía hay varios frentes abiertos, que han derivado en pesquisas de la Fiscalía de Sevilla que aún no se han sustanciado en la presentación de ninguna querella o denuncia por su parte. Los fiscales se han movido a instancias de Manos Limpias y UPyD, que han llevado algunas facturas sospechosas a los juzgados en los dos últimos meses. La evolución de los acontecimientos, en cualquier caso, deja antiguas las sospechas cada día.
En primer lugar, UGT está acusada por la Guardia Civil de haber recibido 3,4 millones de euros por su papel en la gestión de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. En total, UGT y CCOO recibieron 7,6 millones por su intervención en la trama fraudulenta. El secretario general en Cádiz, Salvador Mera, imputado en los ERE, ha dimitido y con él toda la ejecutiva de UGT en esta provincia.
Además, el ex alto cargo del sindicato, y afiliado al mismo hasta 2013, Juan Lanzas, recibió al menos 13,4 millones de las sobrecomisiones pagadas por las intermediarias a personas físicas y empresas en contrapartida al negocio que estas intermediarias obtenían de su participación en la trama.
También al sindicato se le atribuyen facturas por conceptos falsos cargadas a programas públicos de formación para parados. Es el inicio del actual caso de supuesta malversación de fondos públicos de la Junta de Andalucía. Comidas en la Feria de Abril, reuniones sindicales u otros conceptos ajenos eran falseados y cargados en facturas a esos programas.
UGT Andalucía ha devuelto 25.000 euros, pero la Junta de Andalucía ha apreciado falta de información por parte del sindicato a la hora de justificar muchas otras facturas y ha abierto en noviembre un periodo de tres meses para llevar a cabo una investigación más profunda sobre los pagos de dinero público realizados a UGT Andalucía los últimos años.
A más, a más, hay indicios de creación de un sistema de defraudación de dinero público en el seno del sindicato en Andalucía.
Diversas facturas publicadas en los rotativos Abc y El Mundo señalan que el sindicato exigía a los proveedores que inflaran las facturas que se pasaban a la Administración andaluza por sistema en porcentajes que rondan el 15 %, quedando ese porcentaje (denominado bote internamente, como recogen anotaciones manuscritas de algunas facturas publicadas) de dinero efectivamente cobrado por el proveedor a disposición del sindicato a futuro.
"Algo muy serio"
Algunas actas de reuniones de altos cargos de UGT Andalucía indican que el propio tesorero del sindicato en la comunidad, Federico Fresneda, pedía precaución a sus compañeros pues se estaban manipulando facturas, "y eso es algo muy serio", señalaban las citadas actas. Otras comunicaciones del sindicato con sus proveedores indican que éstos estaban preocupados por el ingente bote acumulado y las dificultades para poder devolverlo en especie al sindicato.
Por otra parte, se acusa al sindicato de impartir en 2006 cursos de formación en tareas sindicales en siete países centroamericanos con cargo a fondos de la Junta por 1,8 millones destinados a Cooperación para el Desarrollo. No hay pruebas de delito en estas actividades, pero sí reproche moral por el gasto de dinero público en el exterior mientras en Andalucía la tasa de paro rondaba el 13 %.
Entidades
UGT-A reacciona: convoca un comité extraordinario