
Justo cuando desde el Gobierno se anuncia una posible subida de las cotizaciones sociales -la ministra Fátima Báñez habló ayer de revisar los ingresos de la Seguridad Social-, los datos de la última Encuesta de Costes Laborales muestran cómo, durante el segundo semestre el repunte de las cotizaciones obligatorias, que pagan empresas y trabajadores, se están minando las ganancias de competitividad conseguidas sólo por la reducción de los salarios.
Los datos de un reciente informe de la patronal CEOE, con cifras de la citada Encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que, frente a una reducción del 0,6% en los costes salariales entre abril y junio de este año, la cotizaciones sociales aumentaron un 0,5%, tras un crecimiento cero en el primer trimestre.
En la misma línea las subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social, que suponen una minoración del coste para las empresas y trabajadores autónomos, "siguieron desplomándose", con una caída del 49,2%.
Este descenso, explica CEOE, se ha producido como consecuencia de la supresión de las bonificaciones por contratación en las cuotas de la Seguridad Social, con excepción de algunos colectivos concretos. Un mayor coste laboral que se impone en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de "medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad".
La fórmula de Báñez
El informe de CEOE refleja también, con datos de Eurostat, que el coste laboral por hora disminuyó un 0,3% en España durante el segundo trimestre, siendo nuestro país, junto con Eslovenia y Chipre, los únicos miembros de la zona euro que han registrado una caída del coste laboral en el periodo. Por el contrario, en el conjunto de la Eurozona el coste laboral por hora aumentó un 0,9%.
Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó ayer en el Congreso que el nuevo factor de revalorización desligado del IPC "blindará" las pensiones de las posibles congelaciones "de los futuros gobiernos socialistas", permitirá que "suban siempre de forma compatible con la situación económica y hará que los pensionistas ganen poder adquisitivo en el medio plazo".
En respuesta a una pregunta del diputado de UPyD, Álvaro Anchuelo, la ministra añadió que "la fórmula incluye ingresos y gastos del sistema, que son decisiones políticas, del Parlamento y de los agentes sociales. Así que podemos decidir sobre el futuro de los ingresos y de los gastos para fortalecer lo que todos queremos: el poder adquisitivo de los pensionistas, pero mirando siempre al futuro para que sea un sistema sostenible, público y de reparto".
En este punto insistió en que "claro que sí se hablará de ingresos en el Pacto de Toledo", aunque recalcó que las decisiones se tomarán "con el resto de grupos y los agentes sociales", antes de insistir en que, con la reforma, las pensiones están garantizadas y subirán más del IPC.