La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el auto de la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en el que la imputaba junto a otros 19 altos o exaltos cargos de la Junta.
Según han informado fuentes judiciales, el Ministerio Público ha defendido la "legalidad" del citado auto dictado a finales de junio por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Anticorrupción ya se había opuesto al recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el mismo auto. La Fiscalía entiende que "cumple su función", y se opone al recurso del abogado de la exconsejera utilizando los mismos argumentos que ya empleó para oponerse al recurso que la Junta de Andalucía interpuso contra el mismo auto
En su recurso, el abogado de Álvarez, Horacio Oliva, solicitaba la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa respecto a su representada "por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados", pidiendo de manera subsidiaria que se revoque dicha resolución judicial "por falta de motivación" y que se devuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que "se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo".
Entre otros motivos, el recurso alegaba que la juez había "vulnerado" el derecho a la tutela judicial efectiva "por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación", así como que los presuntos delitos que se le atribuyen, como son los de prevaricación administrativa y malversación, habrían "prescrito".
'Uso perverso'
La Fiscalía, además de rechazar el motivo de falta de concreción, explicó que "la hipótesis delictiva manejada por la instructora parte de la utilización de tales figuras, sí, pero de su 'uso perverso', de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron".
De este modo, afirma que la fórmula "motada" tiene "una apariencia formal de legalidad, pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa".
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Magdalena Álvarez pide la nulidad del auto