Los exportadores constituyen la gran esperanza para sacar a España de la crisis, pero Hacienda les está poniendo difícil la simple supervivencia. Las peculiaridades de su negocio les permiten desde hace años hacer la declaración del IVA mes tras mes, para desgravárselo cuanto antes. Pero la Agencia Tributaria, lejos de pagar a 30 días, como es su compromiso, acumula retrasos de hasta cinco meses.
Así lo denuncian desde ámbitos variopintos: el sector azulejero valenciano, el aceitunero andaluz, la industria catalana... Todos ven cómo sus planes de negocio se estrellan contra la mala costumbre adquirida por el fisco de apurar el plazo de seis meses que se ha dado a sí mismo para demorar las devoluciones sin incurrir por ello en intereses de demora en beneficio de los afectados.
Y cinco o seis meses de retraso suponen una eternidad para unos empresarios que, como todos, tienen que pagar el IVA, pero que, a diferencia de los demás, no pueden repercutir una parte de esa carga en los precios de los productos que venden. No en vano lo usual es que los países a los que exportan no tengan un régimen fiscal armonizado con España, aun cuando pertenezcan a la Unión Europea.
En esas circunstancias, sujetarse al régimen ordinario de declaración (y devolución) trimestral de este impuesto indirecto puede ser letal. Por ello, desde hace años, todo exportador cuya actividad anual ascienda como mínimo a 120.000 euros tiene la opción de inscribirse en el Registro de Devolución Mensual (Redeme) y hacer la desgravación mes tras mes.
En la teoría todo parece muy razonable, pero lo cierto es que el retraso se ha convertido en la norma. Oficialmente, Hacienda reconoce que la demora se situó, de promedio, en 49 días el año pasado, es decir 19 por encima de lo estipulado y empeorando los retrasos que ya se acumulaban en 2011 y 2010 (44 y 42 días respectivamente).
Un régimen casi sin sentido
Con todo, los exportadores denuncian que en los últimos meses se está apurando el límite del semestre, hasta el punto de que "empieza a dejar de tener sentido el régimen especial de devoluciones y quizá sea más razonable acogerse al trimestral ordinario", de acuerdo con el director general de Asemesa, la principal patronal española del sector de la aceituna de mesa, Antonio de Mora.
Los cálculos sobre lo que estos retardos de cinco meses de la Agencia Tributaria pueden suponer para un exportador en dinero contante y sonante varían según el sector que se considere. Las fuentes consultadas, no obstante, permiten hablar de hasta cinco millones de euros pendientes de cobro. Y todo ello en un contexto en el que sigue siendo casi imposible para las empresas encontrar financiación bancaria que haga más llevadero ese periodo de espera.
Un camino difícil
Los expertos alertan de que no conviene poner las cosas más difíciles a quienes se embarcan en una actividad como la exportadora, la cual de por sí presenta ya importantes dificultades. "Cuando hablamos de vender a otros países es como si lo hiciéramos de una maratón, en la que lo importante es la capacidad de permanencia y, en este ámbito económico, esto supone años", explica el socio de Internacionalización de KPMG España, Antonio Hernández. "Aquí no se trata solamente de colocar en otro país los excedentes de la producción, lo que no se puede vender en España", sentencia Hernández.
La suma de dificultades es tal que solamente un 4% de las empresas que exportaban en 2011 estuvieron en condiciones de seguir haciéndolo un año después, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria y del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
Esas mismas estadísticas ponen de manifiesto hasta qué punto es complicado mostrarse constantes, dado que, de las casi 137.000 empresas españolas que exportaron en 2012, solamente el 28% de ellas practicaron esa actividad con regularidad.
Aplicando la lupa con más precisión a los datos también se descubre que un tercio del total de las exportaciones españolas está concentrado únicamente en 50 compañías.
Y resulta difícil que ese número se incremente si Hacienda prosigue dilatando tanto los pagos. Dada la todavía maltrecha situación de las arcas públicas y los objetivos de cumplimento de los topes de déficit aún pendientes, no parece probable que vaya a ser posible reducir los plazos por debajo de los dos meses, según ha solicitado recientemente el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana.