El presidente andaluz, José Antonio Griñán, defiende que el decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas" es "plenamente constitucional" y ha invitado al PP-A a presentar enmiendas durante su tramitación parlamentaria "si considera que hay inseguridad jurídica". El Gobierno rechaza que cada autonomía dé su propia solución a los desahucios.
Griñán se ha pronunciado así este miércoles a preguntas de los periodistas tras visitar el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) después de que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, haya alertado sobre la "inseguridad jurídica" del decreto y haya acusado al Ejecutivo andaluz de "manipulación política" en el tema de los desahucios para "confundir" a los ciudadanos.
El presidente de la Junta ha indicado que tiene la "tranquilidad de que los servicios jurídicos han estudiado profundamente esta normativa y creemos que es plenamente constitucional" y ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1987 sobre la reforma agraria, que establece que "el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad y función social".
"Se consideró constitucional la expropiación de uso que se llevaba a cabo en bienes que no estaban siendo utilizados con una finalidad económica o de rentabilidad social", ha añadido Griñán, quien también se ha referido al derecho comparado, asegurando que en muchos países europeos como Francia, Reino Unido o Noruega, entre otros, se aplica una "confiscación" de hasta seis años en casos de viviendas que no se utilizan.
Sobre la "inseguridad jurídica" de la que alerta Zoido, Griñán ha invitado al Grupo Popular a "presentar las enmiendas que considere" durante la tramitación parlamentaria como proyecto de Ley si considera que en la normativa "hay inseguridad jurídica".
El líder del Ejecutivo andaluz ha considerado "hiriente y casi un escándalo" para los ciudadanos que haya miles de personas en riesgo de perder su vivienda o no tengan la posibilidad de acceder a un inmueble, "mientras que hay miles y miles de viviendas vacías". Según ha apuntado, esta reflexión es la que ha llevado al Gobierno andaluz a aprobar una norma que pretende como primer objetivo favorecer el acceso a la vivienda a través del alquiler.
"Queremos que ese gran parque de viviendas ocioso perteneciente a personas jurídicas y que no está siendo utilizado se pueda poner en una oferta de alquiler para muchos ciudadanos", ha explicado Griñán, quien ha apuntado que desde el Ejecutivo andaluz también se pretende impedir el desahucio de personas que caerían directamente en la exclusión social, la marginación y la pobreza.
Para ello, según ha señalado Griñán, la Junta va a utilizar fórmulas para transformar el contrato que tienen muchas persona que pueden perder su vivienda en un alquiler subvencionado y ayudado por la Administración andaluza, mediante una expropiación de uso de carácter temporal para personas jurídicas.
"Un primer paso que no será el último"
Tras insistir en que son medidas que tratan de paliar el problema y que no van a ser las últimas que la Junta dedique a luchar contra la exclusión social y las desigualdades, el presidente de la Junta ha querido hacer hincapié en que el Gobierno andaluz seguirá tomando decisiones en este sentido. "Hemos dado un primer paso y no será el último", ha advertido.
Griñán, que ha negado que las sanciones establecidas tengan afán recaudatorio, ha asegurado que se producen "porque hay un problema social que queremos solucionar". En su opinión, cuando hay tantas miles de vivienda sin ningún uso y tantas familias que no disponen de techo o de acceso a la vivienda, "es una función de cualquier gobierno con sensibilidad poner o buscar las posibilidad de que esas viviendas puedan ser accesibles a través de una fórmula que está en el Código Civil y que es el arrendamiento".
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