Izquierda Unida ha recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid de archivar la querella que presentó contra la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, por las identificaciones "indiscriminadas" y sanciones a manifestantes de protestas como las de 'Rodea el Congreso'.
En un auto del pasado 28 de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Valentín Sanz, argumenta que los hechos que motivan la querella no son constitutivos de infracción penal.
En un comunicado, los diputados de Izquierda Unida Alberto Garzón y Ricardo Sixto consideran "muy preocupante" que se haya descartado investigar la "existencia de plan político previamente diseñado para identificar y sancionar a ciudadanos críticos con el Gobierno del PP y sus medidas, vulnerando así sus derechos".
¿Prevaricación?
Izquierda Unida presentó el pasado 12 de diciembre una " target="_blank">querella contra Cifuentes por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y contra la Constitución durante una manifestación pacífica que tuvo lugar el 27 de octubre en Madrid, entre la plaza de España y la plaza Cánovas del Castillo, convocada por la iniciativa 'Rodea el Congreso'.
En caso de que su recurso contra el archivo sea desestimado por el Juzgado, Izquierda Unida apelará ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Garzón y Sixto han estimado que "existen indicios más que suficientes" de que "la delegada del Gobierno en Madrid ha podido falsear las resoluciones administrativas e impedido el libre ejercicio de diversos derechos fundamentales de las personas que trataron de reunirse libremente en octubre y de aquellas que fueron sancionadas con tipos no acordes con la legalidad".
Para Izquierda Unida, el archivo de las actuaciones "agrava el desamparo de los ciudadanos respecto de los abusos policiales ordenados por la delegada del Gobierno, así como la arbitrariedad constante a la que, desde determinadas instancias públicas, se está sometiendo a quienes muestran cualquier disconformidad política".
Izquierda Unida ha instado al juez a reabrir la causa por considerar que, de lo contrario, entraría en contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la conveniencia de investigar eficazmente los posibles delitos que afectan a derechos fundamentales de la ciudadanía.
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