Un código de sanciones para las comunidades autónomas que incumplan los principios de garantía de libertad de establecimiento y de circulación que garantiza la nueva Ley de Unidad de Mercado. Esa es la petición más relevante que ha hecho llegar la patronal española a la Secretaría de Estado de Comercio, y que se recoge en el documento de observaciones preliminares de los empresarios al anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 25 de enero.
En el citado documento, la CEOE advierte que el texto remitido por el Gobierno establece varios principios generales, como los de no discriminación, cooperación y confianza mutua, entre otros, "pero son solamente eso, principios, cuyo obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones implicadas no está asegurado".
Es por eso que desde la organización empresarial entienden que "habría de incorporarse en la ley algún tipo de régimen sancionador para aquella autoridad competente, de origen o destino, que incumpla lo establecido en estos principios". Conviene recordar aquí que la regulación del comercio interior es competencia de las autonomías.
En términos generales, la valoración que la patronal hace de la norma es positiva porque responde a una de las más antiguas reivindicaciones del colectivo empresarial, como es la de tener un mercado "cohesionado y competitivo".
Estima, sin embargo, que "debería darse un paso más en la mejora legislativa y desarrollar también una reducción y simplificación normativa". Y, para ello, plantean que la nueva ley recoja expresamente que las directivas de la Unión Europea a transponer a España "se hicieran en su nivel mínimo, y no aumentando el mismo, procediendo del mismo modo con la legislación básica y autonómica".
A este respecto, considera que el proyecto necesita de un mejor anclaje jurídico porque se corre el riesgo de que la Ley de Unidad de Mercado sea "de difícil cumplimiento, por el hecho de que las competencias legislativas básicas que pretende regular pueden llegar a entenderse como injerencia o intromisión en competencias propias de las comunidades autónomas".
Justifica la patronal española esta necesidad de mejor anclaje explicando que el proyecto del Ejecutivo recoge "conceptos jurídicos indeterminados" como interés general, seguridad pública, orden público o protección del medio ambiente, que "pueden conllevar una inseguridad jurídica derivada de la definición que para concepto establezca la autoridad competente.
Nueve autonomías frenan los cierres en el comercio
