El vicesecretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, ha defendido este jueves las condiciones del finiquito al extesorero Luis Bárcenas porque es algo que se viene haciendo. En los pasillos del Congreso de los Diputados, Floriano ha asegurado que la relación contractual del PP con Bárcenas se extinguió en el 2010, después de que fuera imputado en el caso 'Gürtel'. El polémico finiquito pactado con Bárcenas.
El acuerdo alcanzado con él, ha explicado, consistía en el pago de la indemnización en mensualidades y el abono de los gastos de la Seguridad Social. Floriano ha indicado que esa fórmula para nada es irregular y que, de hecho, no es la primera vez que se hace ni supongo que será la última. Es algo que se viene haciendo.
Este miércoles se conocía que en 2010 el PP rechazó la petición de Bárcenas de volver a su puesto de trabajo en las oficinas centrales del PP tras su excedencia como senador y una vez imputado en el 'caso Gürtel'. Al romper el contrato, Génova 13 tuvo que conceder una indemnización al exsenador por Cantabria. Según ha explicado el PP en un comunicado ambas partes decidieron que el cobro de la indemnización, de 400.000euros, se realizaría mediante pagos mensuales hasta diciembre de 2012. Además, el partido le ofreció un despacho en su sede para que éste guardase sus documentos y le pagaba la seguridad social.
En este punto saltaba la polémica, ya que según se explica en la web del Ministerio de Empleo, una empresa abonará la Seguridad Social a un desempleado si este hubiera llegado a esa situación por un despido colectivo y tuviera más de 55 años. Solo en ese supuesto.
El caso de Bárcenas no se correspondería a esta situación. Para que el PP abonara la Seguridad Social Bárcenas debió mantener una relación laboral hasta finales de 2012 (fecha en que se dejó de pagar), algo que el partido niega, de lo contrario el PP podría haber incurrido en una infracción muy grave por la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social por necesitarse un acta de contratación ficticia para hacerlo posible.
Sin embargo, desde Empleo se asegura que el acuerdo entre ambos podría ser legal dependiendo de las condiciones del mismo. En este punto, el PSOE ha pedido que se investiguen las cotizaciones del extesorero.