El juez del caso Nóos, atendiendo a la petición de la Fiscalía y del Sindicato Manos Limpias, ha impuesto una fianza de 8,1 millones a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres por su presunta implicación en la trama de captación y desvío de fondos públicos de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares del 'Instituto Nóos', presidido por el duque de Palma. Ambos tendrán un plazo de cinco días para aportar dicha cantidad o en su defecto presentar un recurso de alegación. Si éste último fuese aceptado, se paralizaría el embargo de los bienes decretado en caso de impago. Lea aquí el auto del juez.
En este sentido parece que se pronunciará el marido de la Infanta Cristina ya que su abogado, Mario Pascual Vives, en el momento de la solicitud de la fianza por parte de la Fiscalía, presentaba un escrito de alegaciones en el que se oponía a la fianza de 8,1 millones de euros argumentando que los contratos del Instituto Nóos eran correctos y, por lo tanto, su cliente no había cometido delito alguno.
En declaraciones a los periodistas, el letrado de Urdangarin resumía en aquel momento así el contenido de las alegaciones que había presentado contra la petición de la Fiscalía. Su exsocio Diego Torres también consideraba entonces que éste importe es "desatinado" y que "no se ajusta al derecho".
No iría a la cárcel
Además de con dinero, Urdangarin podría cubrir el importe de la fianza mediante una hipoteca o a través de un aval, tanto personal como bancario, según la ley de Enjuiciamiento criminal.
La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.
Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.
Aunque la fianza asciende a 8,1 millones, el fiscal Pedro Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos en el supuesto desvío de fondos que Urdangarin y Torres ejecutaban a través de pagos, subvenciones y donaciones al Instituto Nóos para realizar actividades y documentación vinculada por el deporte entre 2004 y 2006.
Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).
Hasta 20 años de prisión
El instructor del 'caso Nóos' atribuye al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, un total de seis delitos, entre ellos malversación de caudales públicos y fraude a la administración, que podrían acarrear al yerno del Rey una condena de hasta 20 años de cárcel.
Castro ha aseverado en su auto que ambos no son "los únicos criminalmente responsables" y ha reprochado en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
El juez, en concreto, les atribuye de forma indiciaria la comisión de delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración y prevaricación. El Código Penal prevé para la suma de todos estos delitos una pena de hasta 20 años de cárcel, además de multas e inhabilitaciones.
Además, el magistrado acusa a Urdangarinde utilizar su matrimonio con la infanta Cristina como 'gancho' para sus negocios con el Instituto Nóos y de tratar de "rentabilizar hasta donde le fuera posible" su parentesco con la Casa Real.
Entidades
Iñaki Urdangarin Liebaert
Fundador del Instituto Nóos
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