Los consejos económicos y sociales (CES) no se distinguen precisamente por su productividad. Las 14 autonomías que todavía conservan este tipo de organismos destinaron en 2011 un monto total cercano a 20 millones de euros para que desempeñaran sus funciones asesoras, y el rendimiento obtenido dista de ser espectacular: el promedio de dictámenes publicados por cada uno de ellos se planta en ocho, no llega ni a uno al mes.
Y eso que elaborar ese tipo de informes (que se distinguen claramente de los anuarios o de los meros documentos de trabajo que estos organismos también redactan) constituye la razón de ser de los CES. No en vano, su objetivo es responder a las solicitudes de los gobiernos regionales y asesorarlos en la toma de decisiones.
Tampoco parece espolear la actividad de los responsables de los consejos la gran variedad de temas sobre los que pueden pronunciarse; en principio, todo lo que sea socioeconómico cae en su negociado, y estos dictámenes contienen desde evaluaciones de los presupuestos regionales hasta pareceres sobre higiene y salud pública, temas fiscales o consideraciones sobre la economía rural (en aquéllas autonomías donde el sector agrícola aún tiene gran peso). Gráfico: memoria y escasa productividad de los CES
Los CES disfrutan, además, de la considerable libertad de acción que hace saber que sus informes ni siquiera tienen carácter vinculante para los políticos a los que van dirigidos.
Pero ni por esas. Pese a todo, hay consejos como el aragonés que no remitieron al Ejecutivo del que dependen más que un dictamen en un año como 2011, que ya empezaba a ser de gran conflictividad desde todos los puntos de vista que interesan a este tipo de organismos. Así lo refleja su memoria anual, un documento que también pone de manifiesto que dicho organismo recibió durante ese ejercicio 713.073 euros para un desempeño tan limitado de funciones.
En el caso de Asturias, la cuantía del dinero recibido fue aún mayor (casi un millón de euros), pero de poco sirvió: únicamente dos dictámenes publicados. Tampoco Extremadura pudo pasar del par de informes; en idéntico periodo de tiempo y apenas rebasaron ese límite La Rioja (con tres) o Canarias (con cuatro).
Hubo tiempos en los que un Consejo Económico tenía más cosas que decir. Así, el propio de la Comunidad de Madrid llegó a emitir más de 30 informes en un año, el mismo organismo que en 2011 no pasó de seis; y eso que sigue contando con recursos.
Presupuestos aún abultados
Es cierto que la política de austeridad que el Gobierno central impone a las comunidades autónomas también se está notando en el flujo de fondos que reciben los CES, con descensos interanuales que, en algunos casos, han superado el 15%. Con todo, pese a la acción de la tijera, el Consejo madrileño aún percibió más de 2,3 millones de euros en 2011, una cifra cercana a aquella de la que se benefició, por su parte, su homólogo del País Vasco.
Esos números aún fueron superados por el Consejo Económico de Cataluña, el que más tajada recibe en España de los presupuestos regionales, ya que ronda en los tres millones de euros. Eso sí, su rendimiento tampoco es deslumbrante, ya que en 2011 se quedó en 19 dictámenes elaborados.
Tres ya eliminados
Ante la desproporción entre el coste y lo que ese dinero realmente cunde, no debe extrañar que en los últimos tiempos tres CES hayan quedado suspendidos, sin que esté concretado en qué fecha volverán a hacerlo (si es que ese día realmente llega). Es el caso de Castilla La Mancha, Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta.
En efecto, algunos gobiernos regionales han acabado dándose cuenta de que no es poco lo que se obtiene a la hora de hacer gala de austeridad cuando se suprimen unas estructuras tan complejas como las que cobijan los Consejos Económicos y Sociales. Su organigrama más común incluye una presidencia, varias vicepresidencias, secretarías y un número variable de comisiones que se suponen especializadas en los diferentes temas sobre los que hay que ofrecer asesoramiento. Estas últimas pueden tener carácter permanente o cabe la posibilidad de engrosar su número gracias a la creación de otras ad hoc.
El reparto de los sueldos que corresponden a cada uno de los escalones de tan intrincada jerarquía no viene desarrollado en las respectivas memorias anuales de estos organismos. Más fácil de hallar en ellas es la naturaleza de sus ocupantes, ya que tradicionalmente se ha buscado que tengan una notable presencia de representantes, tanto de los sindicatos como de las organizaciones patronales más destacadas de la comunidad autónoma.
De hecho, uno de los mayores consejos, el de Madrid, dispone de dos grupos específicos llamados "empresarial" y "sindical", compuesto cada uno por nueve miembros fijos y dos con carácter de suplentes.
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