La financiación del déficit de tarifa se encuentra al borde del colapso por los inminentes vencimientos de deuda de este agujero derivados de las primeras colocaciones que se realizaron en el mercado a primeros de 2011. La situación no es baladí porque según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores tan sólo en este año vencen 2.066 millones y 2.705 millones en 2014.
Si el Gobierno quiere cumplir los compromisos con las eléctricas (de abonar en un año la cantidad pendiente por más de 6.500 millones) y a la vez refinanciar 4.771 millones en dos años deberá continuar con buen ritmo las colocaciones en un mercado de deuda muy volátil por la situación macroeconómica.
Con todo, el Tesoro ha modificado la finalidad de sus emisiones. Fuentes del sector consultadas por elEconomista explicaron que la mayor parte de los últimos 1.000 millones emitidos el pasado 9 de enero fueron para refinanciar el déficit en lugar de para reducir el pasivo que se debe a las eléctricas y que se encuentran en la pista de salida para futuras colocaciones.
Además, el Fondo de Amortización del Déficit de Tarifa, organismo a través del que se realizan las colocaciones, ha hecho otras emisiones con plazos más amplios, pero también es verdad que en algunas ocasiones el tipo de interés ha sido demasiado alto, como las realizadas en febrero del pasado año donde el coste de financiación llegó al 6,5%.
En estos momentos existe una ventana de liquidez en los mercados que también están aprovechando las compañías para emitir deuda. Sin embargo, los plazos apremian en el sector eléctrico, ya que antes de junio se deben pagar casi 3.000 millones a Iberdrola antes de julio después de que tanto el Tesoro como el Ministerio de Industria aceptaran el apremio de la eléctrica. Para cumplir con el resto de compañías que financian el déficit, el Gobierno tiene hasta finales de diciembre de este año.
Los analistas confían en que Fade retome un buen ritmo en las colocaciones. La firma JBCM recuerda que las titulizaciones de este organismo ascendieron a 9.500 millones en 2011 y a 5.500 millones en 2012.
No obstante, las agencias de calificación crediticia miran con recelo la demora en las emisiones y han castigado el rating de algunas eléctricas por este motivo. Además, algunas decisiones del Ejecutivo han golpeado la confianza de los inversores en cuanto dudan de que se tomen las medidas correctas para acabar con este desfase financiero.
En este sentido, Morgan Stanley, por ejemplo, ha manifestado que "el riesgo regulatorio en el país ha aumentado desde el anuncio de la reforma energética", y JP Morgan afirmó que "es probable que la confianza en el Gobierno español resulte dañada".
A esto se suma que los Presupuestos del Estado no asumieron los costes de las extrapeninsulares tal como se esperaba y parece como si el Ejecutivo estuviera obviando esta partida.
Además, el Gobierno asumió 2.000 millones en la configuración de la reforma. Sin embargo no incluyó esta partida en los Presupuestos del Estado y aparece como ingresos extraordinarios sin detallar en la última orden de tarifas. Los expertos descuentan ya que el Gobierno se hará cargo de esta cantidad y emitirá esta partida como deuda soberana.
También llama la atención que los folletos remitidos al regulador bursátil no clarifiquen las cantidades emitidas que amortizan capital y las que cubren vencimientos.
El Tesosro emite letras por debajo del 2%
