
Críticas, desinformación y mucho lío ayer en las 2.825 farmacias abiertas en la Comunidad de Madrid a la hora de cobrar el polémico euro por receta aprobado por el Gobierno de Ignacio González.
Ni a los pacientes, ni a los farmacéuticos -que tienen que recaudar la tasa por cada receta que no supere los 1,67 euros de precio- les está haciendo gracia una medida que, como recordó ayer el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero, "tiene los días contados". Y es que el Gobierno tiene prácticamente ultimado el recurso de inconstitucionalidad contra la norma, como ya avanzó el presidente Mariano Rajoy, y que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros del 11 de enero. Según un portavoz de Hacienda, será "en los próximos días" cuando el Ejecutivo solicite la suspensión cautelar de la medida.
Malestar social
La tasa está generando un gran malestar entre los afectados. "Si no era suficiente con el nuevo sistema de copago, ahora tenemos que lidiar con la desinformación, las protestas y la negativa de algunos ciudadanos a pagar el euro por receta", se lamentaba una farmacéutica de la madrileña calle Goya. Además, el sistema informático que controla el tope de aportación de 72 euros al año por paciente todavía no está listo. Las farmacias tendrán que esperar hasta febrero para poder controlar que el paciente no paga de más y no supera el tope mensual del copago farmacéutico a los pensionistas de 8, 18 o 60 euros en función de la renta, que entró en vigor en julio.
Los boticarios reclamaron de nuevo al Ejecutivo central que recurra "cuanto antes", ya que la medida "es discriminatoria con respecto a otros ciudadanos de España", en opinión de García Romero. Pero el Gobierno regional no ha querido dar marcha atrás y volvió a defender su competencia de establecer una tasa por lo que considera un acto administrativo. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que la tasa está funcionando con "normalidad" y que es necesaria, ya que la región es "víctima" de un sistema de financiación autonómica que calificó como "muy injusto" y obliga a hacer un ajuste de una partida de gasto que está un 15% por encima de la media europea, según él. Fernández-Lasquetty precisó que los perceptores de pensiones no contributivas, los parados de larga duración o que cobran rentas de inserción, entre otros colectivos, están exentos de una tasa con la que Madrid aspira a recaudar 81,5 millones de euros en 2013.
Como en Cataluña, algunas organizaciones de consumidores instaron ayer a no pagar la tasa por las recetas prescritas a partir del 1 de enero. Este llamamiento apenas sí ha tenido eco entre los ciudadanos, según el Colegio de Farmacéuticos.
La Comunidad de Madrid también ha previsto esta circunstancia y ha distribuido entre las farmacias unos impresos que deberán rellenar por triplicado los pacientes que se nieguen a pagar la tasa que afecta a las recetas del Servicio Madrileño de Salud en las que se prescriban medicamentos, productos sanitarios, fórmulas magistrales, vacunas o productos dietéticos.
El secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, anunció ayer que los socialistas presentarán el próximo martes el recurso del euro por receta ante el Tribunal Constitucional, y emplazó a Ignacio González "a pagar de su bolsillo" los gastos que conlleva su puesta en marcha.