Los errores y deficiencias cometidos por el Instituto de Crédito Oficial en la gestión de la línea ICO-Plan Avanza fueron los responsables del fracaso de este tipo de ayudas y préstamos otorgados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente en las pymes, los autónomos y las familias.
Esta es la conclusión que expone el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la ejecución del Plan Avanza entre los años 2006 2007, periodo en el que el ICO estaba presidido por Aurelio Martínez, y bajo la supervisión del ministro de Economía, Pedro Solbes, y en el que el organismo fiscalizador del Estado resalta que "se verificaron incidencias y debilidades" entre las que destaca "la existencia de un muy bajo grado de ejecución de estas ayudas", sólo el 31% de los fondos asignados, "presentando, además, un elevado número de errores y deficiencias en la justificación de los préstamos analizados, principalmente como consecuencia de no haberse acreditado la conexión a Internet, a que estaban destinadas las ayudas".
Destaca también el Tribunal "un elevado índice de errores detectados en los expedientes examinados correspondientes a las líneas de Préstamos TIC, Jóvenes Universitarios y Ciudadanía Digital". Denuncia en tercer lugar "el excesivo retraso en la comprobación de la justificación de los préstamos concedidos, excediendo el plazo máximo, en algunos casos, hasta tres años".
Además, el informe de fiscalización detecta "una débil e incompleta supervisión de la línea realizada por la Comisión Técnica de Ejecución y Seguimiento" y "la imposibilidad de verificar completamente la amortización de los préstamos por falta de información desglosada de los préstamos analizados, si bien el Instituto de Crédito Oficial certificó el ingreso de la totalidad de las amortizaciones".
El Ministerio sí aprueba
El Tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda recuerda que el Plan Avanza, que estaba cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y por el Fondo Social Europeo (FSE), contenía "un conjunto de medidas dirigidas al desarrollo de la conocida como Sociedad de la Información o del Conocimiento y a promover el uso de las TIC".
El presupuesto definitivo asignado por el Ministerio de Industria a las ayudas fiscalizadas ascendió a 871 millones de euros en 2006 y a 1.192 millones en 2007, lo que representa aproximadamente el 85% del presupuesto asignado al Plan Avanza en esos dos años.
Dentro del Ministerio de Industria, el órgano responsable de la ejecución del Plan Avanza es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi).
Organismo que, al contrario que el ICO, sí "aprueba" el examen del Tribunal de Cuentas que resalta, como conclusión general de la fiscalización de la Setsi, "la adecuada tramitación y otorgamiento de las ayudas analizadas, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y la correcta amortización de los préstamos concedidos".
No obstante, sí se han detectado ciertas deficiencias en la tramitación del procedimiento de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, como que "se sobrepasó el plazo de seis meses previsto en la normativa".
También se observa "una gestión no uniforme de las ayudas plurianuales , sin que existan razones que lo justifiquen" y que "no se elaboró un informe de resultados de los planes de actuación, con el fin de comprobar la correcta realización de las actividades subvencionadas". Tampoco constaba en los expedientes el resultado de las comprobaciones realizadas en el cumplimiento de estos planes.
Por lo que se refiere a la aplicación presupuestaria se observa que las ayudas concedidas en régimen de concurrencia competitiva presentaban un elevado grado de ejecución, a excepción del programa de Extensión de Banda Ancha.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas fiscalizó también los acuerdos suscritos con la Asociación para la Implantación y Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre y con la Fundación I+D+i, con el fin de canalizar las subvenciones concedidas. En este apartado el informe del Tribunal de Cuentas expone que "los acuerdos examinados adolecían de falta de concreción de las actividades a realizar por la entidad beneficiaria de la subvención. Además se observaron debilidades en el seguimiento y justificación de tales acuerdos".
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