Tras el choque de Montoro y Soria, el gobierno quiere una propuesta blindada contra recursos. Los técnicos trabajan para que pueda aprobarse el 28 de septiembre en el Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado un golpe en la mesa por el desmesurado retraso en la reforma energética. Es más, en el seno del Ejecutivo no ha sentado nada bien el espectáculo mediático de la disputa entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Así, Rajoy ha decidido de nuevo mirar a su mano derecha para desbloquear esta maltrecha situación y encargar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tome las riendas para decidir los cambios regulatorios del sector eléctrico.
Tal como explicaron a elEconomista fuentes del sector, tras la mediación de Rajoy y la designación de Sáenz de Santamaría, se estima que será el próximo 28 de septiembre cuando se apruebe el primer tramo de la reforma energética.
El problema ha sido que el retraso de más de medio año en esta reforma ha provocado una gran incertidumbre regulatoria que ha provocado la paralización de proyectos, huida de inversión y el acoso constante de las agencias de rating. Todo un cóctel molotov que ha explotado con la renovación de la licencia de la central nuclear Santa María de Garoña, en Burgos, y el órdago de las eléctricas de no continuar con la misma por no conocer aún los nuevos recortes.
Cabe recordar que el Partido Popular, y el propio Mariano Rajoy, hicieron de la energía nuclear, y en concreto de la central de Garoña, una de las banderas de su programa electoral en materia energética. A esto hay que sumar la vigilancia por parte de Bruselas y su amenaza de que acabe incluyendo el déficit de tarifa como déficit público, lo que golpearía de lleno la credibilidad de los mercados sobre la capacidad de este Gobierno para abarcar reformas.
Y Rajoy no quiere perder el terreno ganado en un momento donde la prima de riesgo está dando un respiro por la visita de la canciller Angela Merkel y el apoyo del Banco Central Europeo.
Además, el presidente del Gobierno ha recibido ya en algunos foros las quejas de las eléctricas por la falta de una negociación para fijar la reforma energética. De ahí que presente ahora a Sáenz de Santamaría como una figura más conciliadora en medio del enfrentamiento abierto entre Industria y Hacienda.
El Ejecutivo mantiene su objetivo de dividir la reforma en dos tramos: uno de carácter fiscal, y que es el que más polémica ha causado, y otro para abarcar una profunda revisión del mercado eléctrico para mejorar su funcionamiento y evitar que se vuelva a incurrir en una situación similar.
A pesar de que a mediados de julio elEconomista desveló la propuesta de Industria sobre la reforma, actualmente el Gobierno está trabajando en un nuevo modelo, intentando atar todos los cabos sueltos para evitar que la norma pueda ser tumbada en los tribunales.
Y es que, según el Ministerio de Hacienda, la propuesta de Soria es discriminatoria por fijar tasas diferentes para las diversas tecnologías, una cuestión que puede llegar a ser complicada de entender en los tribunales europeos.
Por ello, ante el fuego abierto entre Industria y Hacienda, las eléctricas defienden una tasa homogénea para toda las tecnologías del 10 por ciento sobre la facturación, lo que permitiría recaudar 2.000 millones.
Pero frente a esta teoría, las renovables consideran que la tasa se debería aplicar a los ingresos de las tecnologías, un mecanismo en el que la energía nuclear e hidráulica saldrían más penalizadas que las tecnologías verdes.
Por otro lado, las eléctricas también creen oportuno fijar una rentabilidad máxima del 8 por ciento para todas las actividades reguladas, con lo que se conseguiría un ahorro de otros 1.000 millones de euros.
Desde la patronal Unesa también se ha defendido eliminar las subvenciones, tanto a las energías renovables como al carbón nacional. En este sentido, hay que recordar que, de los 14.000 millones de euros abonados por peajes, unos 8.000 millones corresponden a las citadas subvenciones. Por tanto, si estas se quitasen se podrían rebajar los peajes en casi un 50 por ciento. Como éstos representan la mitad de los costes de la tarifa, la citada medida permitiría reducir en torno a un 25 por ciento la factura de la luz de los consumidores.
En cuanto a la reforma del mercado, el Gobierno ya tiene en sus manos un informe de la Comisión Nacional de la Energía que cerciora que las eléctricas no manipulan los precios de las subastas que fijan el recibo de la luz, ni inciden en las alzas y bajas que se producen en los días precedentes. Pero Industria quiere que haya más competencia y está dispuesto a suprimir la tarifa protegida y liberalizar todo el mercado.
Bronca Montoro-Soria
