España

El juez del 'caso ERE' imputa cuatro delitos al exdirector de Trabajo

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez. Imagen: EFE

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado cuatro delitos al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, al que atribuye haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento.

De este modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al exalto cargo sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial.

Con la conciencia "tranquila"

Márquez ha llegado a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla sobre las 10,25 horas de este martes acompañado por su abogado, Manuel Pérez Cuajares, aunque no ha sido hasta las 11,35 horas cuando ha comenzado su declaración como imputado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una causa en la que hay ya 60 imputados.

Hay que recordar que, en su comparecencia del pasado día 14 de marzo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se acogió a su derecho a no declarar, aunque este martes sí que tiene previsto contestar a las cuestiones que le formule la magistrada en una comparecencia que se está celebrando en una sala de vistas y no en el despacho de la juez.

La juez Mercedes Alaya imputa a Márquez, que dejó el cargo el 23 de abril de 2010, la autorización para incluir en el ERE de Calderinox al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón, "ninguno de los cuales trabajó" para dicha empresa.

Chaves: "Iré con mucho gusto"

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves manifiesta que comparecerá "con mucho gusto y absoluta tranquilidad" en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Junta entre los años 2001 y 2010.

En declaraciones este martes a los periodistas antes de participar en Almería en el curso de verano de la UAL 'Crisis económica y modelo social: la sostenibilidad del Estado del Bienestar', Chaves ha remarcado que "hace meses" mostró su "disponibilidad" para "aquello que quisiera el Parlamento andaluz".

En cualquier caso, ha aprovechado para reiterar que el Consejo de Gobierno bajo su presidencia "nunca amparó ni reconoció ninguna irregularidad o ilegalidad". "Iré con mucho gusto y absoluta tranquilidad", ha apostillado.

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