El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad iniciará esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia siguiendo un argumentario según el cual, el sistema es ineficaz y hay que modificarlo para, entre otras medidas "priorizar la atención a los más dependientes".
La intención es que el texto de la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la segunda semana de julio, tras pasar por la Consejo Territorial del ramo, CC.AA y ministerio, a primeros de mes.
Son seis las razones que arguye el documento de reforma para una mejora del sistema y que serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una serie de reuniones "a distinto nivel" que arrancarán esta semana, según fuentes de este departamento.
No serán los primeros encuentros sobre este asunto, ya que el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de reformas, especialmente por problemas de financiación. En aquel encuentro se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los Grandes Dependientes (Grado III) y los Severos (Grado II).
Custión de prioridades
Esta cuestión aparece en el quinto punto del argumentario oficial, donde el departamento que dirige Ana Mato afirma que "debe priorizarse la atención de los más dependientes", ya que "es un principio recogido en la Ley de Dependencia" y "más del 50%" de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III. Hasta ahora, la única medida que ha adoptado el Ejecutivo en este sentido ha sido posponer a 2014 la incorporación de nuevos dependientes moderados (Grado I) al sistema.
En cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción, estos "se ha convertido en la regla general" y las ayudas para ellos no se utilizan como debieran. "El cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los núcleos familiares ha generado que miembros de la unidad familiar decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla. La prestación pasa así a considerarse renta de la unidad familiar, complementando los ingresos o supliendo la falta de estos", asegura el ministerio.
Por otra parte, desde el primer Consejo Territorial de Dependencia del nuevo Gobierno, Sanidad ha venido hablando de la necesidad de simplificar la gestión. En esta línea va otra de las razones del argumentario, donde se expone que "no existen diferencias relevantes en el proceso de valoración" ni "en la forma de atender a los dependientes de diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia", así como se da una "falta de adecuación entre las situaciones personales de dependencia y los servicios y prestaciones que reciben".
Menos recursos para una mejor gestión
Además, Sanidad considera que el dinero transferido por el Gobierno a las comunidades autónomas "no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios" ya que las que en estos cinco años, las que han desarrollado una mejor atención "no son las que más fondos han recibido" en relación a la población dependiente, y alega que se ha producido un "desfase" entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.
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