La exdirectora general de Caja Mediterráneo María Dolores Amorós ha defendido hoy que nunca se benefició de una mejora de sus condiciones laborales, y ha asegurado que cuando llegó a la dirección de la CAM asumió "una renuncia y una rebaja" de las mismas.
Amorós, que ha comparecido en la comisión de investigación de Les Corts sobre la intervención de la CAM, ha explicado que no tuvo competencias sobre las auditorías, la contabilidad o la información financiera de la entidad hasta que en 2010 fue nombrada directora general, a pesar de que formaba parte del consejo de dirección desde 1998.
"En modo alguno cerré con el presidente acuerdo alguno en beneficio propio", ha afirmado al ser preguntada por su retribución, que, ha asegurado, "quedó acordada por el Consejo de Administración" en noviembre de 2010 y era la misma que cobraba el anterior director general, y que estaba congelada desde 2008.
Tras recordar que ha recurrido la sentencia que desestimó su demanda por despido improcedente con una indemnización de diez millones de euros, ha explicado que su pensión, que le permitía acceder a una jubilación cuya renta era de 369.000 euros, supuso "una rebaja" de unos derechos que tenía reconocidos desde 2007.
Asimismo, ha defendido que se esforzó con toda su "capacidad para llevar a buen puerto la estrategia de capitalización de la caja", tras la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP), y ha indicado que el escrito del Banco de España informando de la intervención llegó de forma "sorpresiva".
La comisión de investigación de las Cortes Valencianas trata de esclarecer el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina por parte del Banco de España.
La reunión de la comisión de investigación del lunes ha comenzado a las 10.30 horas. Por la tarde, a las 16.30 horas, será el turno de Roberto López Abad, ex director general de la entidad, según consta en la agenda de las Cortes Valencianas consultada por Europa Press.
María Dolores Amorós acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.
Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordaron despedirla a finales de 2011 y la exdirectora general recurrió esta decisión y pidió al menos diez millones de euros. No obstante, la juez declaró procedente su despido.
La Audiencia Nacional, dentro de la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la caja, admitió, el pasado mes de marzo, la personación de unos 300 clientes de la CAM como acusación particular. Los querellantes piden la declaración como imputados de una decena de antiguos gestores, entre ellos, la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, y su antecesor en el cargo, Roberto López Abad.
Diez intervenciones hasta ahora
Las comparecencias de la comisión de investigación de la CAM en las Cortes comenzaron el pasado día 2 de mayo. Por el momento, han intervenido diez personas, como el administrador provisional del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Banco CAM SA José Antonio Iturriaga; el ex director y el director actual del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Enrique Pérez Boada y Jorge Vela, respectivamente; y los auditores de KPMG Julio Álvaro y Javier Muñoz.
También han comparecido el expresidente del Consejo de Administración de la CAM Modesto Crespo; los exvicepresidentes del Consejo de Administración Ángel Martínez, Benito José Nemesio y Armando Sala; y el exsecretario de la caja José Forner.
¿El despido improcedente de Amorós?
