El potencial recaudador del nuevo sistema de copago farmacéutico será muy limitado. El Partido Popular calcula que los pensionistas que perciben una renta inferior a los 18.000 euros -9 de cada diez- desembolsarán una media de tres euros al mes por sus medicamentos, según dijo ayer el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz.
El también consejero de Sanidad y Servicios Sociales en la Junta de Castilla-La Mancha quiso despejar así las dudas que plantea un sistema que, a partir del 1 de julio, obligará a los beneficiarios de una pensión contributiva a adelantar el 10% del coste de las recetas y a las comunidades autónomas a reintegrar, en el plazo de seis meses, las cantidades que superen los topes mensuales de 8, 18 y 60 euros al mes, según su nivel de renta.
Demasiadas 'molestias'
Demasiada burocracia, tiempo y dinero para los perceptores de rentas por debajo de 18.000 euros que, por su condición de polimedicados o por requerir tratamientos costosos, deberán avanzar al sistema un dinero que sólo recuperarán seis meses después.
Comunidades autónomas como Madrid o Valencia consideran que serán muy pocos los pensionistas que tendrán que adelantar más dinero de la cuenta, ya que la mayoría son pacientes crónicos y disfrutan de una aportación reducida, explican desde sus consejerías. Es decir, el 10% de copago se calculará sobre el cícero o tope máximo de 4,17 euros por receta, una vez actualizado según el IPC, lo que resultará en el pago de 41 céntimos por receta. Cuestión de céntimos en muchos casos, que multiplicados por los 975 millones de recetas prescritas al año supondrán unos ingresos extra de 180 millones.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, reconoció ayer que el máximo de ocho euros para las personas mayores es "mucho dinero" y supone "un esfuerzo importante". Mato justificó el nuevo modelo de copago en función de la renta como "más equitativo" y un antídoto contra "un gasto farmacéutico descontrolado".
No es la única medida polémica de la reforma para sanear un sistema sanitario que debe 17.000 millones de euros a sus proveedores. El Gobierno obligará a cumplir el nuevo Real Decreto-ley después de que Andalucía, País Vasco y Cataluña hayan anunciado recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias o dejar fuera de la cobertura sanitaria a numerosos colectivos. "Los tribunales están para eso", advirtió Ana Mato, que recordó que las normas estatales son de obligado cumplimiento y "si alguien no cumple la ley, habrá que obligarle". José Ignacio Echániz apuntó también que las tarjetas sanitarias que se extiendan a extranjeros sin derecho "no serán válidas, ni homologadas en el resto de comunidades autónomas". Ambos contestaban así, además, al último anuncio del Gobierno catalán, que ayer aseguró que seguirá atendiendo a los sin papeles por una cuestión de salud pública básica. Cataluña propone para ellos la creación de una tarjeta sanitaria especial.
La ministra explicó que a los inmigrantes en situación irregular infectados por el VIH o enfermos de cáncer se les atenderá en Atención Primaria a través de convenios entre las comunidades y organizaciones de apoyo a esta población o bien a través de los Servicios Sociales de las comunidades.
¿Cómo se reembolsará el dinero a los pensionistas?
