Los altos cargos a los que se aplicará la futura Ley de Transparencia no podrán aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". Además, si cometen infracciones en la gestión económico-presupuestaria, deberán restituir "las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente" e indemnizar a la Hacienda Pública.
Así figura en el anteproyecto de Ley de Transparencia elaborado por el Gobierno y que desde las cinco de esta tarde es de acceso al público a través de la web leydetransparencia.gob.es. El Ejecutivo someterá durante quince días la iniciativa a las aportaciones de los ciudadanos y aprobará después el proyecto de ley para su debate en las Cortes.
La prohibición de recibir regalos es uno de los principios de actuación a los que estarán sometidos los altos cargos de todas las administraciones públicas, a los que también se les señalan unos principios éticos y los supuestos en los que pueden cometer una infracción leve, grave o muy grave, con la consiguiente sanción administrativa o incluso de inhabilitación.
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