El operativo de incautación de los muebles del Colegio Santa Illa en Madrid vive hoy su segunda jornada de asalto. Los padres no se quedan con los brazos cruzados y ya estudian emprender acciones legales contra el centro por los daños ocasionados a sus hijos.
Dos furgonetas han acudido a primera hora de esta mañana a las puertas del colegio para recoger los últimos enseres del centro. Un grupo de operarios están dentro del centro a la espera de que lleguen los inspectores, puesto que a pesar de que tenían orden de llevarse todo lo que quedaba ayer, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se comprometió a paralizar el procedimiento hasta que finalizara el curso.
En el día de hoy los padres no han acudido al colegio con los niños y apenas un par de personas han entrado al interior del centro, entre ellos su propietario, que ha explicado que no hablará con los medios hasta que contacte con la Consejería de Educación.
"Es que es como si estás en un barco que tiene una deuda y te tiran por la borda". Así explicaba la madre de uno de los niños lo que considera "un atropello" por la manera de tratar a sus hijos.
El centro adeuda al rededor de 900.000 euros que a juicio de los padres "se tenía que arreglar de otra forma y no así", recoge El Mundo en su edición digital.
El futuro de los colegios concertados