Una línea de garantía con el aval del Estado, garantizada con emisiones de deuda pública, a un interés en línea con el de mercado, superior al 6% y que no computará como déficit. Así tiene previsto instrumentar el Gobierno el plan de choque para acabar con la deuda comercial que las Administraciones Públicas mantienen con los autónomos y pymes, y que en conjunto se cifra en una inyección de liquidez de más de 40.000 millones de euros. Las empresas podrán cobrar del banco facturas impagadas de Administraciones.
Este "mecanismo de financiación a proveedores", como lo denominó ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se aprobará mañana viernes por el Consejo de Ministros y se llevará a cabo a través de un consorcio entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades financieras privadas.
Avalado por el ICO
En concreto, medios próximos al Ejecutivo informaban a elEconomista que dicho mecanismo consistirá en una especie de línea de garantía avalada por el ICO y garantizada mediante emisiones de deuda pública del propio Instituto de Crédito Oficial, "aprovechando que ahora el interés de la deuda española es bajo".
Recordar, a este respecto, que el Tesoro español conseguía el martes colocar íntegramente una emisión de 2.500 millones de euros, a tres y seis meses, pagando los mismos intereses que antes de la crisis, entre el 0,44 y el 0,78%, muy lejos del 1,3% de hace solamente un mes.
El importe global de esta línea estaría en torno a los 30.000 millones de euros y, de acuerdo con las fuentes anteriormente citadas, se podría emitir por fases, coincidentes con las emisiones de la deuda, e incluso llegar a los 40.000 millones. Y se baraja que este mecanismo podría derivar en que se releguen las líneas del ICO recientemente lanzadas con el mismo fin.
La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, destacó ayer que el mecanismo de abono inmediato de la deuda de los proveedores no supone un incremento de déficit. Ello porque, según señalan los expertos consultados por elEconomista, no es gasto sino financiación. Eso sí, advierten que sí que elevará las necesidades de financiación del Estado, puesto que irá respaldada con emisiones de deuda pública y/o emisiones del ICO, al calor de la reciente rebaja del rating a la agencia financiera del Estado.
Un negocio para los bancos
El esquema para realizar el pago a los proveedores será, como adelantaba ayer este periódico, similar al del factoring, por el cual los bancos y las cajas de ahorros adelantarán el pago de las facturas pendientes a la empresas y a los autónomos afectados por la morosidad pública, bajo los requisitos de intervención que se estipulen. Y serán las entidades financieras las que se encargarán de cobrar la deuda a las Administraciones Públicas, cubriéndose la posibilidad de impago con la citada garantía del Estado. Como el riesgo de la operación sería equivalente a cero para la entidad financiera, se prevé que no comporte la dotación de provisiones o coberturas.
Aunque las asociaciones empresariales y de autónomos coinciden en calificar la medida de "salvavidas", en medios financieros se resalta también que va a suponer un "gran negocio" para los bancos, vía comisiones de apertura y de servicio y del cobro de unos intereses que, en contra, de lo que se preveía, van a estar en línea con los del mercado, por encima del 6%.
Los intereses y las comisiones correrán a cargo de los proveedores que, para las facturas que superen el plazo que la Ley de Contratos del Estado fija para el cobro de intereses de demora, podrán reclamar a la Administración estos intereses.
Los bancos españoles disponen de abundante liquidez gracias a la barra libre del Banco Central Europeo. Nuestras entidades financieras toman el dinero del BCE al 1% de interés y lo van a colocar por encima del 6% a los autónomos y pymes.
Hasta el momento, no se habría contactado con todo el sector para negociar el plan, sino con las principales entidades para garantizar tanto su rápida aplicación como su alcance a todo el territorio.
Los 'adelantos' de los autónomos al Estado
