Miles de indígenas progubernamentales se movilizarán en Bolivia para forzar la aprobación de la nueva Constitución apoyada por el presidente Evo Morales y contraponerse al referendo de la próspera región de Santa Cruz, que busca el nacimiento del primer gobierno autónomo.
El poderoso sindicato de campesinos de Bolivia determinó instalar "vigilia" en la plaza de Armas de La Paz, donde el Parlamento tiene sus oficinas, como presión para que apruebe los referendos que exige la ley boliviana para validar la nueva Constitución, según el máximo dirigente del sector, Isaac Avalos.
Avalos, militante del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), dijo que los sindicatos agrarios se reunieron el fin de semana en La Paz para "declarar movilización nacional y cerco al Congreso, hasta que apruebe el referéndum dirimitorio y el referéndum para aprobar la nueva Constitución".
En un plazo de 60 a 180 día se deben realizar dos consultas populares nacionales: el primero para definir la extensión máxima de las tierras agrícolas privadas (5.000 ó 10.000 hectáreas) y el segundo para aprobar el texto global de la nueva ley fundamental de corte estatista e indígena.
Julio Salazar, vicepresidente de los aguerridos sindicatos de los cultivadores de coca, cuyo máximo líder es el presidente indígena Morales, señaló que "la movilización será progresiva, vamos a comenzar el martes, miércoles y jueves, con unos 3.000 compañeros del trópico (de Cochabamba, centro)".
La estrategia oficialista de presión sobre el Congreso también está basada en el pedido que le hizo Morales, urgiéndole que apruebe las leyes para viabilizar las dos consultas que -según el vocero de gobierno, Alex Contreras- deben realizarse "en una misma fecha".
El dirigente cocalero Salazar explicó que la movilización de sus bases de indios aymaras y quechuas es porque "la oligarquía cruceña (gentilicio de Santa Cruz) ha convocado a su referendo ilegal e inconstitucional para el 4 de mayo".
Mientras La Paz avanza a convertirse en un nuevo foco de conflicto por la presencia de indígenas progubernamentales, el prefecto de Santa Cruz y cabeza de la oposición política, Rubén Costas, reiteró que la consulta en su región que dará vida al primer gobierno autónomo de Bolivia "no la detiene nadie".
Un tribunal electoral fijó para el 4 de mayo el acto plebiscitario para que unos 800.000 electores de Santa Cruz, de unos 2,5 millones de habitantes y una de las más pobladas del país, aprueben o rechacen el estatuto autonómico, una suerte de constitución local.
El eventual cerco campesino al Parlamento -que todavía no tiene fecha definida- motivó el rechazo de la agrupación de derecha Podemos, el principal partido de la oposición y que controla la Cámara de Senadores, aunque es minoría en la de Diputados.
"Lo que están haciendo (los indígenas) es una apología del delito, porque es delito lo que hacen", afirmó el senador de Podemos, Luis Vásquez, quien manifestó que "hoy día, Bolivia está amenazada, acechada por los fantasmas de la división, de la polarización y de la confrontación".
El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, dijo que el poder Ejecutivo tolerará la presencia de labriegos, si es pacífica.
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