El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó ayer cuál será el procedimiento que utilizará el Estado para hacer que las autonomías y los grandes ayuntamientos cumplan a rajatabla con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprueba hoy en un Consejo de Ministros que, previsiblemente, estudiará el informe de las reformas laboral y financiera.
La ley presupuestaria tiene por objetivo que ninguna Administración incurra en déficit y contempla como caso extremo la intervención de los Gobiernos regionales por parte de la Administración Central bajo la máxima de que "todos somos Estado" y de que el Gobierno "no va a dejar caer a nadie". ¿Cuáles son sus ejes centrales?
La fórmula que avanzó Montoro en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados es la siguiente. Las autonomías o consistorios que incumplan los objetivos de consolidación fiscal tendrán que presentar un plan económico-financiero con el que poder corregir, en un año, esa desviación. Si pasado ese plazo siguen si ajustarse el cinturón deberán aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos, es decir, un recorte de gasto que garantice los objetivos de déficit.
El siguiente movimiento pasaría por la constitución de un depósito que el Estado se quedará a modo de fianza y que el Gobierno podrá convertir en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Los plazos para llegar a este supuesto y el porcentaje que supondrá la multa quedarán reflejados en la ley que hoy recibirá luz verde y que tiene como última fase la intervención del Estado de quien no se ajuste al déficit. De esta forma, Montoro insistió en todo momento en que será la Administración responsable la que tendrá que hacer frente a las sanciones que Bruselas imponga a España por no haber cumplido con la consolidación fiscal.
Subvenciones, en el aire
Sin dar más detalles, el responsable de las arcas públicas avanzó otra forma más de castigo a estas administraciones: se limitarán las emisiones de deuda que tiene que conceder la Administración Central, se pondrá en cuestión la concesión de subvenciones e, igualmente, podrían peligrar la suscripción de convenios del Estado con estos Gobiernos regionales o locales.
El ministro de Hacienda avanzó también que la ley seguirá el modelo de la gobernanza europea con los países que han necesitado de financiación exterior. En este sentido, anunció que el Gobierno establecerá un mecanismo "de alerta temprana y de respuesta inmediata" ante el desfase, que permitirá a Hacienda enviar una delegación para valorar la situación presupuestaria de la Administración incumplidora, al estilo de la troika -UE, FMI y BCE- que vigila de cerca a Grecia.
CiU abre la puerta a sumarse
En el plano político, Montoro sacó pecho porque el Consejo de Ministros aprobará la reforma respaldado por el apoyo unánime de los Gobiernos autonómicos, según avanzaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada, así como de las entidades locales, tal y como se acordó este mismo martes. Montoro insistió en que los principios son "austeridad, transparencia y responsabilidad".
Además, contará con el apoyo del PSOE respondiendo a la reforma constitucional aprobada en verano. CiU, que directamente no votó entonces el texto, abrió la puerta a sumarse a la ley en su tramitación parlamentaria. "La música de entrada nos suena bien", dijo el portavoz económico, Josep Sánchez Llibre.
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