La Fiscalía ha respaldado las tesis de defensa del juez Baltasar Garzón y ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le aplique la conocida como 'doctrina Botín', y, en consecuencia, suspenda el juicio iniciado contra el magistrado por su investigación de los crímenes del franquismo (por el que se enfrenta a una posible inhabilitación) y "se acuerde el inmediato archivo de las actuaciones".
De forma paralela, colectivos a favor del juez han convocado el domingo 29 de enero una concentración para expresar su solidaridad mientras que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha expresado este martes la confianza de su partido en la Justicia.
La fiscalía pide la 'doctrina Botín'
El fiscal del Supremo Luis Navajas ha hecho la petición de suspensión del procedimiento al inicio del segundo juicio celebrado contra Garzón. El representante del Ministerio Público ha dicho en el trámite de cuestiones previas que se debe aplicar a Garzón la misma doctrina que llevó a la absolución del presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
Entiende que la acusación popular ejercida de forma conjunta por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad no tiene "legitimidad procesal" para impulsar en solitario un juicio contra el antiguo juez de la Audiencia Nacional. La Fiscalía no ejerce la acusación en este caso. La acusación pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación.
El abogado del juez pide la anulación
Por su parte, la defensa de Baltasar Garzón en el juicio que le enfrenta a una posible inhabilitación de 20 años por abrir una causa al franquismo, ejercida por Gonzalo Martínez-Fresneda, ha solicitado este martes al Tribunal Supremo la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada 'doctrina Botín', que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la Fiscalía no presenta acusación alguna.
La aplicación de esta doctrina -llamada así por haber sido instaurada en el denominado "caso de las cesiones de crédito", en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander- se justificaría, según el abogado de Garzón, en el hecho de que en este caso el juez suspendido se sienta en el banquillo con la única acusación de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.
"El delito de prevaricación además no se encuentra entre aquellos que puede sostenerse por una acusación popular", ha insistido el letrado, para añadir que en aplicación de la 'doctrina Botín' nunca debería haberse dictado auto de juicio oral contra Garzón.
La de hoy es la segunda ocasión en pocos días en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado la pasada semana por intervenir los encuentros de los cabecillas de 'Gürtel' con sus abogados en prisión. También en esta ocasión, el juez suspendido viste su toga de magistrado y se sienta en el banco destinado a los letrados, junto a su defensor, evitando así el lugar de la sala destinado a los procesados.
Se quiere un juicio tranquilo
El presidente del tribunal, Carlos Granados, ha dado paso al inicio de la vista advirtiendo al público, que llenaba la Sala en la que hay aforo para un centenar de personas, que no se iba a permitir ninguna manifestación de "aprobación o desaprobación" respecto del o que ocurriera en la Sala ni tampoco ningún acto que perturbara el desarrollo del juicio, y que quien incurriera en ello sería expulsado de la Sala.
Según el letrado de Garzón, el núcleo de la 'doctrina Botín' no se ha visto desplazada ni siquiera por el denominado "caso Atutxa", en el que el que fuera presidente del Parlamento Vasco fue procesado por no aplicar una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la disolución de un grupo parlamentario pese a que en este caso la única acusación también era popular.
Además, la defensa de Garzón ha planteado la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas por el instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, desde el 20 abril de 2010, que fue la fecha en la que se dio la oportunidad a las acusaciones, que en principio eran Manos Limpias y Falange -posteriormente expulsada del procedimiento-, de subsanar determinados defectos que presentaban sus escritos de acusación .
Según Martínez Fresneda, ninguno de los escritos presentados inicialmente por los acusadores cumplía las exigencias legales mínimas, por lo que ambas partes deberían haber sido dadas por "decaídas" y el procedimiento archivado. No obstante, Varela "optó por hacer todo lo contrario", concederles trámite para presentar otro escrito e incluso en el caso de Manos Limpias le indicó cuál debía ser el contenido concreto del mismo.
Entidades
Cronología de la causa abierta a Garzón 
Un juicio "escandaloso"