El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido dejar en libertad provisional con medidas cautelares a los 17 imputados que comparecieron esta mañana ante su juzgado por haber presuntamente participado en los altercados que tuvieron lugar el pasado 15 junio cuando el movimiento del 15-M cercó los accesos al Parlamento de Cataluña.
El magistrado les impuso la obligación de fijar domicilio y de comparecer cada quince días ante los juzgados más próximos a su domicilio, según informaron fuentes jurídicas. Velasco atribuye a estas 17 personas un delito contra los altos organismos de la nación, penado con entre tres y cinco años de cárcel.
Los imputados llegaron a la sede de la Audiencia Nacional sobre las 9.00 horas y estuvieron esperando frente al despacho del juez Velasco durante cerca de una hora. Todos ellos se negaron a declarar ante el magistrado.
En las comparecencias, que duraron poco más de dos horas, se han visionado las imágenes de vídeo que recogen parte de los altercados en los que varios diputados fueron agredidos, mientras que otros, incluido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvieron que acceder a la Cámara en helicóptero.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que en las imágenes se ve "clarísimamente" a varios de los imputados participando en la manifestación. Según la defensa de los imputados, en los vídeos, que calificaron como "una serie de imágenes esperpénticas", no se ve a ninguno de ellos participando en las agresiones a los diputados e incluso se observa cómo alguno de ellos formó un pasillo para dejar pasar a los parlamentarios autonómicos.
De estas 17 personas, 13 habían sido citadas, mientras que otros cuatro decidieron acudir por propia voluntad a la Audiencia Nacional. Estas cuatro personas han sido citadas de nuevo para el próximo jueves, día en el que tendrán que comparecer ante los Mossos d?Esquadra para que se les realice una "pericial fisonómica".
Los imputados han contado con la asistencia de los letrados Gonzalo Boye, Isabel Elbal y Jaime Asens. En la causa se ha personado como acusación particular la Generalitat de Cataluña.