Aunque la Junta de Castilla- La Mancha ha defendido que los recortes no afectarán a las prestaciones sociales, la Ley de la Dependencia ya se ha visto perjudicada por la mala situación económica de la comunidad autónoma. La ley obliga a que la financiación provenga a partes iguales las dos administraciones públicas, pero es el gobierno autonómico quien se ha retrasado en estos pagos por el momento.
El sistema de financiación de la Ley de la Dependencia establece que una parte proceda del beneficiario, según sus ingresos, y que el resto lo pagen a partes iguales el gobierno central y el autonómico. Pero aunque el Estado ya ha abonado su parte correspondiente al mes de junio, los beneficiarios no han recibido ni un euro.
Según declara la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España a El País, hasta el mes de mayo -coincidiendo con el cambio de Gobierno- Castilla-La Mancha era una de las comunidades que mejor aplicaba esta ley.
Por su parte, la Junta ha confirmado al diario que el último pago -realizado en julio- corresponde a la partida del mes de mayo, reconociendo los retrasos porque "estamos sacando el dinero de debajo de las piedras", ha admitido el portavoz de la Consejería de Hacienda.
La Plataforma por la Ley de la Dependencia ha denunciado esta situación, ante el temor de que el gobierno de Cospedal esté esperando a recibir la siguiente partida del Estado para, con las dos partes aportadas, abonar el un mes entero, "y la Junta salvaría la cara sin haber puesto un duro", explica uno de sus miembros.
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