Un déficit de 9,2% del Producto Interior Bruto, un paro del 21, casi cinco millones de parados y una deuda de 680.000 millones de euros. Este el retrato de un despilfarro, el de las cuentas públicas que tiene en su haber máquinas de devorar dinero como las televisiones autonómicas, en España 13, o cuyos funcionarios disfrutan de 340.000 móviles.
Así lo recoge este domingo una información del diario ABC titulada Retrato del despilfarro público, justo unos días después de las reiteradas demads de la Unión Europea para aplicar reformas encaminadas a reducir el déficit del Estado.
El Gobierno, hace ya más de un año, no tuvo más remedio que aprobar un recorte social que afectó a pensionistas y funcionarios congelando pensiones y bajando salarios. Pero a tenor de los resultados, las medidas han servido de poco.
Ayer, el editorial de El País bajo el título Sin alternativas destacaba que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno "no son las que precisa la posición cíclica de nuestra economía". Pero, continuaba, "las autoridades españolas, en la actual coyuntura, no tenían otra alternativa".
"Sangría de gastos"
Entre tanto, el nuevo Gobierno, remarca hoy ABC, el que salga elegido de las urnas el próximo 20N tendrá que enfrentarse a esta "sangría de gastos" que emana de las administraciones españolas. De momento, los populares, los que más comunidades y ayuntamientos tienen bajos sus gobiernos, "han limitado a diez el número de consejeros, han reducido el número de altos cargos y han paralizado la contratación de asesores". Pero los cambios no parecen a priori sustanciales, ¿son por tanto medidas suficientes para reducir el déficit público?
Sólo las diputaciones, hoy en pleno debate, suponen una deuda de más de seis millones de euros.
Televisiones, teléfonos, empresas públicas...
En cuanto a las televisiones autonómicas, las cifras son demoledoras, asegura ABC. En España hay 13 grupos de televisiones. Y hoy, cada ciudadano español que vive en una comunidad tiene que pagar del orden de 140 euros de su bolsillo para sufragar parte de los gastos de este medio de comunicación, herramienta de todos los partidos políticos. En Baleares, su flamante presidente, José Ramón Bauza, ha sido el único político que se ha comprometido a echar el candado a la Radio y Televisión de Mallorca.
Tampoco son despreciables los gastos ocasionados por los cuatro mil organismos sin control que hay en España. Se trata de empresas públicas, que para colmo, escapan del Control del Tribunal de Cuentas o de los respectivos parlamentos autonómicos. Además, subraya el diaro de Vocento, es "la vía más fácil para colocar a dedo a los trabajadores".
También están los 340.000 teléfonos móviles destinados a los funcionarios y que pagan las administraciones, sin olvidarse de los 35.000 vehículos del parque móvil español al servicio de todas las admnistraciones públicas. Claro, y todo esto sin contar las incontables facturas que se adeudan a empresas y autonómos.
Las administraciones deben casi 15.000 millones
