Francisco Camps cedió ayer a la presión de Mariano Rajoy y aceptó irse, aunque lo hizo con la misma torpeza y malas formas con las que ha manejado el asunto de los trajes desde que le estalló en febrero de 2009. La venganza de Ricardo Costa forzó su dimisión
Después de resistirse durante cinco días a las peticiones de dimisión que le llegaban de Génova, entre otros lugares, desde que el pasado viernes el magistrado José Flors dictó el auto de apertura de juicio contra él y otros tres exaltos cargos de la Generalitat y el PP, Camps escenificó su último sainete. Pactó con los otros imputados la aceptación de la culpa y el pago de la multa, dejó que dos de ellos confesaran ante el juez y luego se echó atrás.
Pero el final político de Camps había empezado días atrás, justo al poco de conocer su procesamiento, el ya expresidente valenciano llamó personalmente a Mariano Rajoy para comunicarle su firme intención de mantenerse al frente del gobierno regional y en el partido.
Una continuidad que no figuraba en los esquemas de Rajoy quien intento convencerle, con argumentos razonables, de que ni él ni el Partido Popular podían aguantar una campaña electoral con uno de sus más altos responsables procesado y alimentando cada día más la munición del Partido Socialista.
Aferrarse a la presidencia
A pesar de estos argumentos, Camps persistió en su idea de aferrarse a la Presidencia de la Generalitat, y fomentando el debate en el partido. La indignación del líder nacional de los populares le llevo a recurrir a Rita Barberá para poner fin a las veleidades de un Francisco Camps cada vez más desacreditado, también en su partido.
Y fue precisamente la alcaldesa de Valencia quien dio el ultimátum a su compañero de cartel en las generales y autonómicas. Rita Barberá , siguiendo las instrucciones de Rajoy, amenazó a Camps con forzar un congreso extraordinario del PP regional para destituirle. Ese fue el final de una resistencia inútil.
El día elegido tampoco fue al azar. En la sede madrileña del PP se quería de esta forma abortar lo que consideraban una campaña del Gobierno para evitar que la cumbre europea para el rescate a Grecia y sus efectos sobre la economía española fuera la portada de todos los informativos. Tras la dimisión de Camps, ahora las aguas vuelven a su cauce y la cumbre recuperará el protagonismo que le corresponde.
El dirigente valenciano citó a la prensa en el Palau de la Generalitat pasadas las 17 horas para, en una comparecencia no leída y sin preguntas, anunciar su dimisión como "sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, para que el PP gobierne España y para que España sea esa gran nación que los españoles queremos", proclamó.
Soberbio y sin ningún arrepentimiento, Camps afirmó que deja el Gobierno "completamente inocente de las barbaridades que se han dicho de mí, como las otras tres personas que están también en un mismo absurdo brutal proceso, que nadie entiende, que nadie comprende, que es falso". Y añadió, en valenciano: "Me voy después de haber mantenido el nombre de Molt Honorable en lo más alto, lo más fuerte y el mayor orgullo posible".
El banquillo de los acusados
Según fuentes del PP, Federico Trillo había acudido a Valencia a exigir una solución que evitase la foto de Camps en el banquillo de los acusados, prevista para el próximo otoño, coincidiendo posiblemente con la campaña electoral de las Generales, o al menos con la precampaña. Las opciones eran la dimisión o la confesión de los hechos ante el juez y la aceptación de la condena, a cambio de seguir en el cargo. Esta segunda posibilidad parecía la elegida, pero pronto se vio que era muy difícil mantener en ese cargo a alguien que admite haber cometido un delito de cohecho.
A primera hora de la mañana, dos de los imputados en la causa de los trajes, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, se presentaban por separado ante el magistrado Juan Climent y confesaban ser autores del delito de cohecho del que se les acusa, aceptando la pena máxima prevista, una multa de 49.000 euros. El acuerdo era que todos los acusados lo hicieran porque si no, no se evitaría el juicio, pero ni el todavía presidente ni el otro imputado, Ricardo Costa, aparecieron.
Poco después de hacer pública Camps su renuncia, Mariano Rajoy rompió su silencio de cinco días sobre el caso mediante un comunicado en el que afirmó que esta dimisión "no empaña ni contradice" la opinión que siempre ha tenido del dirigente valenciano ni de su "honorabilidad", y que "claramente comparten la mayoría de valencianos, como se acaba de poner de manifiesto" en los últimos comicios. Para el líder popular, esta decisión "supone un ejercicio de responsabilidad y de ejemplaridad políticas que le ennoblecen".
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