El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha afirmado que el Gobierno estudia la posibilidad de volver a exigir permiso de trabajo a los inmigrantes procedentes de Rumanía que, desde el año 2009, pueden emplearse en España sin necesidad de autorización, aunque ha apuntado que la decisión se adoptará "de común acuerdo" con las autoridades rumanas.
"Estamos preparando una decisión, tenemos que concretarla en coordinación con las autoridades rumanas, informarles de esta próxima decisión, que se adoptará de común acuerdo", ha señalado en declaraciones a los medios en el Congreso.
España levantó las restricciones
Rumanía se incorporó a la Unión Europea en enero del año 2007, pero los Estados miembros se reservaron la posibilidad de establecer una moratoria de hasta siete años para el reconocimiento pleno de su derecho a circular y trabajar como cualquier ciudadano comunitario.
En enero del año 2009, España decidió levantar las restricciones a la libre circulación de trabajadores procedentes de Rumanía y de Bulgaria, al igual que otros varios países que les habían abierto sus mercados laborales.
Más de 800.000 rumanos residen hoy en España, una cifra alta que se debe en parte a las mayores facilidades que encuentran aquí a la hora de trabajar. Actualmente tanto rumanos como búlgaros pueden ser contratados por cuenta ajena sin necesidad de un permiso de trabajo, cosa que no admiten otros países como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, que sí les exigen el permiso de trabajo.
De todos modos, Valeriano Gómez sólo habló de exigir el permiso de trabajo a los ciudadanos rumanos y no está previsto que los búlgaros se vean afectados. La razón, como apuntan varios medios de comunicación, se debe a que son muchos menos en número.
Las asociaciones rumanas lo ven razonable
El presidente de la Federación de asociaciones rumanas en España (FEDROM), Miguel Fonda, considera que "no es para echarse las manos a la cabeza" que el Gobierno restablezca los permisos de trabajo para los inmigrantes de Rumanía ya que, en su opinión, se trata de "dar un poco de aire" al mercado laboral.
No obstante, en declaraciones a Europa Press, Fonda ha cuestionado el "encaje jurídico del tema" ya que, según ha explicado, "una vez decaída la moratoria" de dos años que se impuso al libre empleo de los trabajadores rumanos en España tras la incorporación de aquel país a la Unión Europea, "es imposible establecer una nueva".
"No puede ir por ahí, tendrá que ser otra cosa que tenga que ver con un contingente o algún tipo de limitación legal de carácter muy técnico, porque una vez decaída la moratoria, no hay argumento legal que no sea una medida técnica, que se pueda aplicar", ha señalado.
Para el representante de las asociaciones de rumanos en España, "es lícito plantear algún tipo de restricción técnica al mercado de trabajo", especialmente con el índice de paro actual "pero sobre todo, desde el punto de vista de un mercado global". "Si uno se lleva las manos a la cabeza está siendo muy hipócrita. No estamos hablando de poner controles en La Junquera, sino de un contrato de trabajo, probablemente, que requiera algún argumento legal suplementario", ha apuntado.
Sin trabajo: una "situación insostenible"
Fonda ha recordado que la comunidad rumana es la única que ha seguido creciendo en efectivos a ritmos superiores 10% durante la crisis económica y ha apuntado que en muchos casos, llegan "de una manera no selectiva a buscar un puesto de trabajo en España" pero sin tener un contrato asegurado, lo que, a su juicio, puede "no ser sostenible".
Con todo, ha destacado que "la comunidad rumana en España está bien recibida e integrada y funciona bien en líneas generales" y en su opinión, "las administraciones deberían esforzarse en apoyar proyectos de retorno constructivo de los ciudadanos que quieren volverse a Rumanía" y hacerlo con recursos destinados a Rumanía por el Fondo Social Europeo.
La tasa de paro se mantendrá estable en el 21%
