La abogada y ex fundadora de Nueva Izquierda Cristina Almeida ha manifestado en un acto de homenaje a Baltasar Garzón, que los procedimientos abiertos al juez de la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo "son una aberración jurídica más grave que el intento del golpe de Estado de 1981" porque se dirigen contra los principios del Estado de Derecho.
Además de Almeida, han participado en el homenaje el ex magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el abogado argentino Joan Garcés, la profesora de Derecho Araceli Manjón y el presidente de la plataforma Memoria Social y Democrática Jaime Ruiz, ante un aforo aproximado de unas cien personas en el Ateneo de Madrid.
Por su parte, Almeida ha manifestado que ahora que se encuentra "indignada" por lo ocurrido al juez suspendido de la Audiencia Nacional y que el sumario contra el franquismo se dirigía contra muchas personas "que se apropiaron de las casas y las tierras de los muertos", que fueron las que después se movilizaron contra el magistrado.
Durante su intervención, la abogada ha recordado que tras la suspensión de Garzón por el Consejo del Poder Judicial estaba la que fuera Secretaria de Estado en el Gobierno de Felipe González y actual vocal del CGPJ Margarita Robles (sin mencionar que se apartó de la toma de esta decisión tras ser recusada por Garzón), y ha señalado que todos los jueces acuden a cursos como por los que ha sido procesado Garzón en el asunto de los cobros del Banco Santander. "A lo mejor tienen envidia cochina porque Garzón cobraba más", ha añadido.
"Se trata de una aberración jurídica que considero más grave que el intento de golpe de Estado del año 81, porque va contra los pilares del Estado de Derecho de la mano de organizaciones como Falange Española y el sindicato de extrema derecha Manos Limpias", ha manifestado.
Curiosa pinza
Por su parte, Martín Pallín ha manifestado que en el caso Garzón se ha producido "una curiosa pinza" entre aquellos a los que se refirió como representantes de la Cruz del Valle de los Caídos y aquellos que tuvieron roces con Garzón durante su etapa en el Gobierno socialista de Felipe González. Finalmente, se habrían unido a esta "ola" los abogados del "caso Gürtel".
El magistrado recién jubilado del alto tribunal se ha preguntado por qué el Gobierno de la Democracia no puede asumir y corregir "las barbaridades del gobierno franquista, cuando Alemania lo ha hecho con respecto al Gobierno nazi", y ha subrayado que la causa contra Garzón coincidiera en el tiempo con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.
Jaime Ruiz ha señalado, durante su intervención, que este acto tiene como objetivo el que no se olvide que el único juez que se ha atrevido a enjuiciar el Franquismo va a ser enjuiciado a su vez por este motivo, y que lo ocurrido al juez ahora suspendido de la Audiencia Nacional no puede ser separado de las reivindicaciones de la Ley de Memoria Histórica.
Un solo proceso, tres vías
Para Araceli Manjón, profesora de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y ex directora del Plan Nacional sobre drogas Profesora de Penal en la Universidad Complutense de Madrid, "hay una causa contra Garzón en la que se utilizan tres vías", y se avanza por una o por otra y se paraliza el resto según se vea conveniente.
No se trata de condenarle por un determinado delito, sino castigarle por su trayectoria, que desde hace tiempo sentaban mal a ciertos sectores de la clase política y de la judicatura, a juicio de Manjón.
"Le han colocado a él y a su familia en una condición de exilio, y además se está imponiendo un sesgo autoritario en la aplicación del derecho, se trata de una 'berlusconización' de la aplicación del Derecho en España", ha subrayado la profesora.
Finalmente, el abogado Joan Garcés ha realizado un análisis histórico para hablar de tres genocidios en la Historia de España, el de los judíos, el de moriscos de los siglos XV y XVII y el que comenzó el 18 de julio de 1936, "los tres de justificación religiosa".
Existe la conciencia de que hay que evitar que aquí intervenga un tribunal internacional de justicia, que a juicio de Garcés debe ser el Tribunal Penal Internacional (TPI), pues debe aplicase el Convenio contra el Genocidio. En este punto, ha manifestado que quizá los estados de América pueden tener interés en llevar a España ante el TPI por este asunto.
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