Javier Pradera, el más genuino representante del espíritu de El País, ponderaba recientemente la conveniencia o no de adelantar las elecciones generales desde el punto de vista de quien la decide, que es el presidente del Gobierno.
"La convocatoria de elecciones adelantadas -escribía en editorialista del rotativo- es una prerrogativa de los jefes del Ejecutivo de los sistemas parlamentarios que suele ser utilizada para aprovechar coyunturas políticas favorables; así, Felipe González recortó con ese propósito la duración de las legislaturas que concluían oficialmente en el otoño de 1986, la primavera de 1990 y el otoño de 1993. Pero la disolución anticipada de las Cámaras puede ser también una solución desesperada cuando el grupo parlamentario gubernamental está en desbandada (así le ocurrió a Calvo Sotelo en 1982) o sus aliados le abandonan (como le sucedió a Felipe González en 1996). Aznar -en 2000 y 2004- y Zapatero -en 2008- se aferraron, en cambio, a un rígido cumplimiento cuatrienal de la legislatura. Sin embargo, el PP tal vez habría ganado las elecciones caso de convocarlas en el otoño de 2003 (es decir, antes del 11-M); y quizás el PSOE habría obtenido la mayoría absoluta a la vuelta del verano de 2007 (cuando la crisis económica aún no sacudía España)".
La conclusión más obvia de esta reflexión es que Zapatero-Rubalcaba deberán sopesar los pros y contras de las opciones que tienen en la mano: o anticipar, para celebrar la consulta en octubre o noviembre, o mantenerla al final del cuatrienio, en marzo.
Prolongación de la legislatura
A favor de la prolongación de la legislatura hasta su término está el lógico deseo de los socialistas de separar todo lo posible la débacle del 22-M de las generales, y de dar tiempo a Rubalcaba para que difunda su mensaje. Es muy dudoso en todo caso que todo ello mejore los resultados del PSOE.
A favor de la celebración de las elecciones en octubre-noviembre hay otros argumentos, que a este cronista le parecen más fundamentados: si el Gobierno y el PSOE actúan con diligencia, podrán dar la impresión de que las elecciones llegan al término de un paquete de reformas que coloca al país en situación de salir de la crisis con un ímpetu naciente pero indudable.
Por este medio, se evitará además la agónica sensación de espera cuando la demora que precede a un acontecimiento es excesiva, y se responderá a los llamados del sentido común al permitir que sea el gobierno entrante, y no el saliente, el que elabore las cuentas públicas para 2012. Rubalcaba sabe, además, que lo importante es que cale su mensaje de renovación y no que pueda martillear con él durante demasiado tiempo a la opinión pública. Bien entendido que, a estas alturas, el objetivo de Rubalcaba tiene que ser más impedir la mayoría absoluta del PP que ganar las elecciones.
Porque hoy por hoy, la voluntad de cambio político y social parece clara, tras el gran desgaste de un equipo que ha tenido que anteponer sus obligaciones económicas intencionales suscitadas por la tremenda deuda a todo lo demás.
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