El Gobierno considera que el recorte de salarios a los empleados públicos se enmarca "plenamente" en la legalidad, dado que supone la revisión de uno de los puntos del acuerdo que firmó el Ejecutivo con los sindicatos de la Función Pública el pasado 25 de septiembre de 2009, según indicaron fuentes gubernamentales.
De esta forma, el Gobierno sale al paso de la providencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en la que hace constar sus "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit del pasado 20 de mayo referido al recorte salarial a los funcionarios en régimen laboral.
La Audiencia entiende que este artículo "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical" en relación con el derecho a la negociación colectiva.
Avalado por el Estatuto de los funcionarios
El Ejecutivo mantiene, según las mismas fuentes, que el ajuste salarial es una medida "plenamente" legal porque está "avalada" por el Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé la posibilidad de suspender o modificar los pactos y acuerdos alcanzados con los sindicatos "de manera excepcional por interés público".
En el caso concreto del recorte del sueldo a los funcionarios, el Gobierno afirma que fue una medida derivada de una "alteración sustancial" de las circunstancias económicas, lo que obligó al Ejecutivo a aprobar un plan de ajuste del gasto público que incluyó esta rebaja.
El Alto Tribunal ha emitido esta providencia en el marco de un conflicto colectivo planteado por los sindicatos CCOO, UGT y SATNP contra el Ministerio de Economía y Hacienda, el Comité Intercentros de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT) y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios Espacio de Participación Sindical en la FNMT.
Dudas sobre si se cumple el derecho de igualdad
Asimismo, la Audiencia concede el mismo plazo a las partes y al Ministerio Fiscal para que aleguen "lo que su derecho convenga" sobre la pertinencia de plantear o no la cuestión de constitucionalidad, o sobre el fondo del mismo al manifestar también los magistrados de la Sala sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad.
El Alto Tribunal tiene dudas al excluirse del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.
CCOO recurre el decreto que rebaja el salario a funcionarios
