La izquierda socialdemócrata europea ha roto hace ya tiempo con todos los dogmas de las utopías marxistas, incluido el de la redistribución fiscal.
Se ha abierto, en fin, paso el consenso en torno a la idea de que intentar la equidad mediante unos elevados impuestos directos no sólo conduce a la estatalización de la economía y a una pérdida inaceptable de la eficiencia económica sino que también es ineficaz: el objetivo preferente de nuestros sistemas es el crecimiento económico, la conquista del desarrollo, y no tiene sentido renunciar a este designio para repartir mejor la escasez.
Impulso social
Para este centro-izquierda democrático, el impulso social de sus políticas se concreta en los servicios públicos: unos buenos servicios públicos universales son la mejor garantía de integración social y de igualdad de oportunidades en el origen. Evidentemente, esta postura tiene claras concomitancias con las tesis que también postula el centro-derecha, por lo que surge la oportunidad, no siempre aprovechada, de generar amplios consensos.
Si así se ve y así se cree, el sistema fiscal se convierte en un simple instrumento y no en un objetivo en sí mismo (esto es lo que defendió ayer Rodríguez Zapatero en la Universidad de Columbia, aunque sea difícil averiguar si lo ha hecho por convicción o por necesidad). Un instrumento que debe supeditarse al objetivo de sostener el "Estado necesario" según la opinión de la mayoría política de cada momento.
Envergadura de las políticas sociales
En otras palabras, el sistema fiscal ha de ser el apropiado para la concepción que se tenga del papel de lo público. Una vez definidos el tamaño y el alcance del estado de bienestar, la extensión de los servicios públicos en el sentido más amplio y la envergadura de las políticas sociales, habrá que plantear la financiación de todo ello, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Es decir, deberá determinarse la combinación de impuestos directos e indirectos que permita a las instituciones públicas de los tres niveles (estatal, autonómico y municipal) cumplir con las tareas encomendadas.
En nuestro país, no se ha producido todavía el gran debate sobre estas cuestiones. Es decir, la discusión sobre el tamaño del Estado. Es lógico que existan disensos entre lo que postulan los dos grandes partidos al respecto pero dentro de ciertos límites. Por ejemplo, no es difícil convenir en que nuestro sistema educativo requiere la aplicación de un gasto que supere el 6% del PIB, lo que obligaría a incrementar el presupuesto actual en unos dos puntos, si se quieren alcanzar promedios europeos.
Formalizar las ideologías
En definitiva, no es el sistema fiscal el que formaliza las convicciones ideológicas sino al contrario. Subir (o bajar) impuestos puede ser, por tanto, de derechas o de izquierdas, ya que los recursos disponibles deben adaptarse a los objetivos. Y ello debe hacerse sin perder de vista las grandes reglas macroeconómicas ni teñir de demagogia las decisiones en uno u otro sentido.
Es decir, sin esgrimir leyes empíricas sin contrastar como la famosa curva de Laffer, que afirma arriesgadamente que, en cualquier condición, bajar impuestos eleva los ingresos.
En nuestro país, es preciso tomar decisiones con urgencia porque, con la crisis y la consiguiente caída de la recaudación, la presión fiscal ha descendido hasta poco más del 31% del PIB. Y con esta cifra, peligra la pervivencia del estado de bienestar y de los servicios públicos fundamentales.
Zapatero da por superada la crisis
